Más de 4.000 vecinos de la Cañada Real, entre ellos 1.800 niños y niñas, viven desde octubre de 2020 sin sumninistro eléctrico. Esta circustancia afecta de forma transversal a la vida de estas personas impactando sobre su salud, rutina, relaciones sociales, etc. Por ello, el Grupo de Acción Comunitaria (GAC), el Centro Sira y la Plataforma por el derecho a la luz en la Cañada ha presentado esta mañana el informe 'La Cañada responde' que aborda los impactos psicosociales derivados del corte eléctrico en esta población.
El documento, cuyo trabajo de campo se realizó entre febrero y marzo de este año, supone una adaptación menos técnica del informe pericial enviado al Comité Europeo de Derechos Sociales para explicar cómo se está atentando en este asentamiento contra derechos como la salud, la educación o el trabajo. Un documento que llega tras la reclamación colectiva enviada a este comité en 2022 por cinco organizaciones y que denunciaba al Estado español por el incumplimiento de la Carta Social Europea.
El informe ha sido presentado en la sede madrileña de Comisiones Obreras, sindicato adherido a la plataforma 'Luz ya para la Cañada'. Su secretario de políticas sociales, Manuel Rodríguez, ha definido el conflicto entre los vecinos y las empresas e instituciones como "Uno de los mayores atentados contra los Derechos Humanos en la región". Una reivindicación en la que asegura que están teniendo que "pelear" contra empresas como Naturgy, el Gobierno regional, el Ayuntamiento de Madrid y el de Rivas que, según él, "tampoco ayuda en exceso".
El sufrimiento en datos
Gabriela López es coordinadora del centro Sira y ha formado parte del equipo que ha realizado las entrevistas que han nutrido de cifras el informe. Lamenta la "imposibilidad de mantener una cotidianidad" por parte de los habitantes de la Cañada y su sufrimiento que "han intentado objetivizar y dotarlo de términos técnicos". Estos son algunos de los datos obtenidos:
- Un 93 por ciento ha tenido dificultades para cubrir su alimentación básica.
- Un 98 por ciento ha vivido problemas de higiene.
- Un 79 por ciento afirma haber sido vulnerable económicamente antes del corte de suministros, una vulnerabilidad que se ha acentuado fruto de los gastos derivados del corte (estufas, generadores, placas fotovoltáicas...).
- Un 73 por ciento ha experimentado consecuencias laborales del corte.
- Un 86 por ciento identifica un impacto en su salud física.
- Un 90 por ciento ha visto afectada su salud emocional con sensaciones de tristeza, rabia y miedo.
- Un 15 por ciento acredita haber tanteado la idea del suicidio, de hecho, una vecina falleció por este motivo mientras se realizaba el estudio.
- Un 92 por ciento considera el corte un ataque directo a su dignidad
Por las entrevistas han pasado mujeres y hombres que abarcan edades comprendidas desde los 15 años hasta más de 80. Además, la investigadora ha puesto hincapié en la "muerte civil" de esta población ya que sin electricidad quedan aislados de la vida digital, la columna vertebral de la sociedad de hoy en día.
Andrea Galán, coordinadora del área de investigación del Grupo de Acción Comunitaria define el contexto de los habitantes de la Cañada Real como un "entorno torturante". Podría no parecerlo al analizar los distintos elementos por separado pero cuando se unen todos ellos se aprecia una "violación sistemática y continuada de los Derechos Humanos. Así lo describe Javier Rubio, del Centro Asesor de Estudios Sociales y el encargado del marco legal de la reivindicación.
Rubio vincula las causas de fondo de este conflicto a "la especulación rampante que asola la ciudad y la región de Madrid con el beneplácito de sus gobiernos". Este barrio comenzó a configurarse en los años 60 y gracias al pacto suscrito por todos los partidos en 2017 comenzó el camino para regularizarse. Sin embargo, en 2019 se produce un giro de guión que "coincide con la reactivación de los desarrollos urbanísticos de la Comunidad de Madrid", lamenta Rubio.
Luz, contratos y participación de los vecinos
Estas son las tres líneas principales de reivindicación para reestablecer la justicia en un barrio para el que el Defensor del Pueblo ha solicitado ya en tres ocasiones que se devuelva la luz. Juristas, académicos y organizaciones como Amnistía Internacional o Save the Children constituyeron una plataforma cívica en 2021 a través de la cual platearon la primera reclamación colectiva desde España al Consejo de Europa.
En ese momento solicitaron la adopción de medidas colectivas y en octubre de 2022 el Consejo de Europa pide a España el reestablecimiento del suministro antes del 15 de diciembre de ese mismo año. Sin embargo, esto no ha sucedido y los vecinos de la Cañada Real han atravesado otro invierno de dolor. De cara a las próximas elecciones del 28 de mayo, Más Madrid, PSOE y Podemos se han comprometido, en caso de alcanzar el poder, a poner en marcha un proyecto de ley para "devolver la luz a la Cañada".
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