El juez Adolfo Carretero ha retirado el pasaporte a Luis Medina y a Alberto Luceño y les ha impuesto la obligación de comparecer ante el juzgado cada quince días por su implicación en la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario en la primera ola de la pandemia.

El magistrado, al frente del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, ha interrogado este lunes a los comisionistas por la presunta comisión de delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental. En el caso de Medina, se le investiga también por un presunto alzamiento de bienes.

El hijo de Naty Abascal ha declarado cerca de media hora y solo ha contestado a las preguntas del juez, negándose a contestar al fiscal y las partes. De igual modo, Luceño ha comparecido durante unos veinte minutos y tampoco ha respondido a las partes.

Las acusaciones populares en nombre del PSOE, Podemos y Más Madrid habían solicitado la retirada de pasaporte y acudir a firmar al juzgado cada quince días. El Ayuntamiento de Madrid y la Fiscalía no han solicitado la adopción de medidas cautelares.

Tras concluir la declaración, el juez ha dictado un auto de medidas cautelares, atendiendo a la petición de las acusaciones populares. Sin embargo, no ha podido notificar formalmente el auto a las partes al irse el abogado del Ayuntamiento de Madrid y el fiscal antes de redactar la resolución.

El aristócrata ha llegado pasadas las 11.40 horas en taxi a las dependencias judiciales. Nada más salir del vehículo, ha sido rodeado por decenas de periodistas que le esperaban en la puerta y ha llegado a la entrada a empujones. Incluso en algún momento se ha golpeado contra las vallas de acceso.

Luceño ha llegado a las nueve de la mañana, tres horas antes de la citación. Ambos han accedido por el acceso principal de los juzgados donde hay un control previo. Los investigados solicitaron al decanato de los juzgados acceder en coche en los juzgados pero se les denegó la petición.

En el pasillo, el hijo de Naty Abascal ha coincidido con Alberto Luceño pero se han sentado con distancia entre ellos separados por dos bancos, según fuentes jurídicas. Nada más verse se han saludado y cada uno se ha ido rápido a un banco.

Medina contactó por teléfono con un primo del alcalde

En su declaración, Medina habría confirmado que contactó con el Ayuntamiento de Madrid a través de una llamada al primo de Almeida, Carlos Martínez-Almeida, quien le facilitó el correo electrónico de la responsable de Compras del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado.

"Llamé a Carlos y le dije que teníamos material sanitario para vender. Al ser el primo del alcalde, imaginé que me podría dar algún contacto en el Ayuntamiento. Me dio un mail que creo que era de Elena Collado", ha señalado. El contacto de Carlos Martínez-Almeida se lo habría facilitado la antigua directora de su universidad.

La responsable municipal fue la persona que negoció con el socio de Medina la operación para traer el material provisto por la empresa malasia Leno "en el momento más álgido de la pandemia cuando había miles de fallecimientos diarios", tal y como definió el juez en un auto. La operación se canalizó a través de la empresa funeraria municipal al tener que adelantarse el pago del 50%.

Según Medina, no se pactaron inicialmente comisiones y entendía que le "iba a tocar un tercio". "No se habla de comisiones hasta que no es viable la operación", ha subrayado y sobre la cantidad cobrada, ha dicho que era "normal" en el mundo comercial, en la misma línea que manifestó ante su declaración con el fiscal Anticorrupción. Además, ha manifestado que el porcentaje lo fijó el empresario malasio preveedor del material.

Al igual que manifestó al fiscal, el investigado ha explicado al juez que conocía a Luceño de operaciones de comercio internacional y que le pidió el contacto de algún cliente.

Sobre un posible alzamiento de bienes, ha señalado al juez que antes de declarar ante el fiscal ya disponía de "gran parte del dinero de los bonos", los que destinó a préstamos y a "ayudar a gente".

"El fiscal no me dijo expresamente que tuviera prohibido disponer de ellos. Dispuse de ellos porque no pensé que hubiera nada irregular. El señor fiscal no me advirtió que fuera delictivo", ha recalcado afirmando que no tenía intención de defraudar nada.

Luceño deposita dos relojes para la fianza

En la comparecencia de este lunes, Luceño ha depositado dos relojes para que se sume a la fianza. En su declaración, ha manifestado que la operación objeto del procedimiento era su primer negocio con la empresa malasia Leno y que la comisión era habitual en ese tipo de operaciones.

Además, ha alegado que San Chin Choon, el empresario malasio que trajo el material sanitario, va a declarar en la instrucción, a lo que el juez le ha contestado que es la primera noticia ya que se ha negado a colaborar con la justicia.

El instructor investiga una querella de la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión de delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales, hechos que el magistrado ve "graves" al tener lugar "en el momento más álgido de la pandemia" cuando había "miles de fallecimientos diarios.

El fiscal Luis Rodríguez Sol, que firma la querella, sostiene que los comisionistas, con ánimo de obtener "un exagerado e injustificado beneficio económico", ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir "grandes remesas de material sanitario fabricado en China".

El hijo menor de Naty Abascal como intermediario obtuvo una comisión de un millón de euros, que destinó a la compra de un velero por 325.515 euros y a dos bonos de inversión por valor cada uno de 200.000 euros.

El sumario de la investigación destapó que días después de recibir las transferencias de la empresa malaya Leno, el aristócrata transfirió el dinero a una cuenta en Países Bajos, dejando una de sus cuentas prácticamente vacía y otra en números rojos.

En la querella, el fiscal solicitó el embargo del velero y de las cuentas bancarias. Al comprobar el juez que tenía menos de 250 euros, procedió a fijar a instancias de Anticorrupción una fianza de 981.000 euros, en cuyo caso de impago se procederá a embargar los derechos hereditarios del investigado en relación a la herencia de su abuela, la duquesa de Medinaceli.

A Medina se le investiga también por la presunta comisión de un delito de alzamiento de bienes después de que el magistrado comprobara que el investigado realizó disposiciones de sus bonos y patrimoniales desde el 13 de abril de 2021, fecha en que fue citado a declarar ante la Fiscalía Anticorrupción.

Únicamente se le ha podido embargar el velero matriculado en Gibraltar y una cuenta corriente con saldo positivo de 247,26 euros para cubrir la responsabilidad civil de los presuntos delitos investigados, cuya cantidad en su caso asciende a 1,2 millones de euros.

El papel de Medina en la operación de compra-venta es de facilitador, según él mismo manifestó durante su declaración ante el fiscal. A Alberto Luceño se le investiga por ser la persona que se encargó de las negociaciones con Elena Collado, ante quien se presentó como un "experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya EEE, a través de la cual se iba a realizar la importación".

Según las investigaciones, Alberto Luceño recibió en concepto de comisiones un total de 5.100.000 dólares mediante transferencias remitidas desde Malasia a una cuenta personal. Con este dinero, el empresario costeó una estancia en un hotel de Marbella con un coste de 60.000 euros; tres relojes Rolex; doce vehículos de lujo y una vivienda en Pozuelo.