El juez de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha acordado procedente tener por personado como acusación particular en la causa abierta contra Luis Medina y a Alberto Luceño al Ayuntamiento de Madrid por ser perjudicado de los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales en una operación de compra-venta de material sanitario en marzo de 2020.
Carretero ha acordado asimismo aceptar la personación como acción popular del PSOE y del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid y de Podemos, ya que "los delitos investigados, no sólo afectan a los fondos públicos, sino que tienen un interés general y una enorme repercusión pública, al investigarse el manejo de los citados fondos en un asunto tan grave como fue la adquisición de material sanitario en el momento más álgido de la pandemia de Covid-19, con miles de fallecimientos diarios, y determinar si esos fondos beneficiaron a determinadas personas particulares en perjuicio de la generalidad de los ciudadanos".
Por el contrario, no acepta por el momento como acción popular a la portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre y al Grupo Mas Madrid, por no aportar el poder general para pleitos preceptivo, sin perjuicio de que puedan subsanar este defecto aportando el mismo, o personándose 'apud acta' ante el tribunal.
Así figura en el auto dictado este martes por el juez en el que incide en la "gravedad" de los hechos investigados en la causa abierta contra los dos empresarios por una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de material sanitario al tener lugar "en el momento más álgido de la pandemia" cuando había "miles de fallecimientos diarios", una operación en la que los comisionistas se habrían desembolsado hasta seis millones de euros.
El próximo 25 de abril, el juez ha citado a declarar a Luis Medina y a Alberto Luceño en calidad de investigados. El juez Carretero investiga la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra estos dos empresarios, por cobrar comisiones millonarias al "inflar" el precio de la compra de material sanitario por valor de 10'8 millones de euros al Ayuntamiento de la capital tras firmar tres contratos con la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid.
Estos contratos se aprobaron en el consejo de Funeraria Municipal los días 23 y 25 de marzo de 2020 por todos los grupos. Entre marzo y julio de 2020 se realizaron 59 contratos de emergencia para adquirir material para los empleados municipales, todos ellos remitidos al Tribunal de Cuentas. Hoy mismo, el consejo de administración de la Funeraria Municipal ha aprobado por unanimidad personarse también como acusación particular en el procedimiento judicial. "Hemos votado todos los grupos a favor de personarnos porque nos consideramos perjudicados", ha manifestado la vicealcaldesa, Begoña Villacís.
Por su parte, el Grupo Municipal Socialista ha valorado este martes que es "un paso imprescindible" que el juez haya admitido su personación como acción popular en la causa. "Hemos hecho las cosas bien y se ha admitido al Grupo Municipal Socialista como parte del procedimiento. Es un paso importante para nosotros, imprescindible", ha señalado la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar. A ello, ha añadido que desde su partido se niegan a "normalizar el saqueo de lo público". "Vamos a seguir peleando por depurar las responsabilidades políticas y llegar hasta el final. Los madrileños merecen saber dónde está su dinero y por qué", ha expresado.
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