La última bala de la izquierda para dejar su sello en las cuentas regionales

Mientras en el Congreso de los Diputados se debate la amnistía como peaje necesario para la configuración de un Gobierno alternativo al PP, la realidad en la Comunidad de Madrid resulta diametralmente opuesta. La mayoría absoluta cosechada por Isabel Díaz Ayuso en las elecciones del pasado 28 de mayo permite a los Populares maniobrar a su antojo, fijando a placer las fechas que consideran óptimas para la aprobación de sus leyes maestras. Una de ellas, como no podía ser de otra manera, la de los Presupuestos del próximo año. Una vez rechazadas las enmiendas a la totalidad planteadas por Más Madrid y PSOE-M en el Pleno del pasado jueves, la oposición progresista en la Asamblea de Vallecas apura ahora sus opciones de incidir en las cuentas regionales por medio de recursos parciales y, en muchos casos, coincidentes.

A la vanguardia de la oposición, Más Madrid ha decidido presentar un total de 2.301 enmiendas a la Ley de Presupuestos, en materias tan diversas como vivienda, transportes, sanidad, educación, empleo, medio ambiente o feminismo, entre muchas otras. En la medida en que el proyecto original, apuntan, “solo profundiza la desigualdad, continúa con el deterioro de los servicios públicos y aumenta la brecha económica y social entre municipios”, los pupilos de Manuela Bergerot han registrado una extensa lista de alternativas que aspiran a “blindar lo público, combatir la violencia machista, atajar la crisis de la vivienda, reindustrializar nuestra región generando miles de empleos y equilibrar la inversión entre municipios”.

Tal y como ya avanzó Madridiario, la formación sitúa esta legislatura el acceso a la vivienda como uno de los aspectos que "más preocupa a los madrileños". Así, desde Más Madrid proponen una partida de hasta 20 millones de euros para la construcción -o compra- de más de 1.000 viviendas sociales en el arco sur de la región. Atendiendo a la demanda existente en la actualidad, 200 se ubicarían en Móstoles, otras 200 en Fuenlabrada, 150 en Leganés, 150 en Getafe, 150 en Alcorcón y 150 más en Parla. En paralelo, se plantea la redacción de una "Ley de Derecho a la Vivienda" que permita “atajar la crisis”, “reducir los precios” y, en último término, “garantizar el acceso” de todos los ciudadanos a un derecho blindado en la propia Constitución.

"Metro es el estanque de tormentas del Canal"

A fin de paliar las “recurrentes” inundaciones en Metro, consideran del mismo modo necesaria una inversión próxima a los 25 millones. Con ello se pretende adaptar las infraestructuras hídricas de la capital, aquejadas de un “importante déficit”, a las lluvias “cada vez más intensas” que se registran como consecuencia directa del “cambio climático”. Entre las claves hacia las que apunta la izquierda figuran la “falta de mantenimiento”, la “mala planificación” tanto del callejero como del alcantarillado, que terminan por convertir al suburbano en un “embudo” y, por endem en el “estanque de tormentas del Canal de Isabel II”. También la ausencia de “bombas para aliviar la entrada de agua” en diversas localizaciones de la red. Como puntos negros, en Más Madrid no dudan en situar la estación de Banco de España, en la Línea 2, Marqués de Vadillo, en la L5, Metropolitano, en la L7, o Fortuna, en la L11.

La deuda adicional del suburbano, cifrada en 800 millones de euros en los últimos meses, es otro de los aspectos que más preocupa a los progresistas y es que, aseguran, “ni uno solo de esos euros -en referencia al presupuesto del área de Transportes- van a ir destinados a mejorar nuestras infraestructuras básicas”. Es por ello que “creemos prioritario asegurar el buen funcionamiento de Metro (...) y que ningún madrileño, por usar el transporte público, se vea perjudicado por la mala gestión del Partido Popular”.

Junto al “refuerzo de la Atención Primaria”, los líderes de la oposición consideran prioritario destinar hasta 24 millones al fomento de la salud mental. En concreto, la inversión permitiría incrementar plantillas “en todos los perfiles profesionales”, así como mejorar las infraestructuras, ya sea mediante la construcción de nuevos centros o la mejora en la dotación de los centros de reciente creación. También en materia sanitaria, aunque en lo que se refiere al ámbito hospitalario, el partido hace especial énfasis en la hospitalización de media estancia a menos de media hora de distancia de la vivienda del paciente a fin de prevenir, en la medida de lo posible, el “deterioro psicosocial” asociado a los pacientes crónicos.

Puesto que “forma parte del derecho a la educación” y “alivia la economía de las familias” al tiempo que “refuerza la sociabilidad de los niños y niñas”, Más Madrid se sirve de las cuentas regionales para promover, como viene haciendo años atrás, tanto la universalidad del comedor escolar como la gratituidad de las actividades extraescolares en los centros educativos que perciban fondos públicos -colegios públicos y concertados-. Asimismo, con la vista puesta en “hacer frente a la ola que afecta la salud mental de jóvenes y adolescentes” y mejorar los “protocolos frente al suicidio”, incorporan a sus enmiendas un aumento en el número de orientadores con prensencia en los Institutos de Educación Secundaria (IES).

La política verde es otra de las grandes bazas presupuestarias de Manuela Bergerot y, tradicionalmente, del propio partido. Partiendo de la premisa común entre empleo y sostenibilidad, Más Madrid aboga en esta ocasión por medidas como la creación de una Oficina Ciudadana para la Transición Energética, una Agencia Autonómica de Residuos, el impulso de la producción agroecológica y el fomento de las energías renovables entre sus principales líneas de acción para el próximo curso.

Educación, sanidad y vivienda, prioridades socialistas

Más conciso ha sido el Partido Socialista madrileño, centrando el tiro en un total de nueve propuestas “concretas”. A su entender, el presupuesto dedicado a educación resulta del todo insuficiente para atender las necesidades del alumnado. Motivo que consideran más que suficiente para reclamar un incremento presupuestario próximo a los 250 millones de euros. Tal es así que en su hoja de ruta figura como imprescindible “apostar por las enseñanzas de Formación Profesional (FP) con la creación de al menos 20.000 plazas nuevas”, al tiempo que se “lanza el Plan de Capacitación Profesional, con una dotación presupuestaria de 78 millones”. Otros 20 millones, apuntan fuentes próximas a la dirección, irían destinados a “iniciar la implantación gradual de los servicios de enfermería y psicología en los colegios”.

La cartera escolar debería, además, completarse con “la gratuidad del servicio de comedor a todos los alumnos de tres a 12 años cuyas familias ingresen un máximo de 35.000 euros al año” y la puesta en marcha del “Programa de Colegios Abiertos de 7:00 a 19:00 horas para todos los niños” en esta misma franja de edad. Con ello se busca, al mismo tiempo, favorecer la conciliciación. La primera de estas iniciativas estaría dotada con 120 millones de euros, mientras que la partida presupuestada para la segunda ascendería hasta los 20 millones.

La Sanidad Pública es, a tenor de lo expuesto por Juan Lobato en sus últimas comparecencias, otro de los grandes debes del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, que incluso "presupuesta por debajo de los gastado en años anteriores". Es por ello que solicitan “incrementar la partida (...) destinando 80 millones de euros para dotar de equipos médicos completos a los centros de Atención Primaria y los servicios de Urgencia extrahospitalaria”. Otros 18 millones irían finalmente a parar a un "Plan de Salud Mental" con “especial sensibilidad hacia los más jóvenes”.

Vivienda, transporte e industria también tienen cabida entre las prioridades de los socialistas. Con el objetivo de “reducir el coste del alquiler en 300 euros mensuales” y “facilitar la emancipación de los jóvenes y el acceso a la vivienda de las familias”, el PSOE-M invertiría un total 48 millones en 2024. Otros 180 irían encaminados a diversos descuentos en la tarifa mensual del abono transporte en todas las franjas de edad. La última de las medidas, anunciadas hasta la saciedad por el portavoz, no es otra que la aprobación de un “Programa de Inversión Plurianual de 250 millones de euros destinado al PERTE CHIP”. En concreto, la aportación planificada para el próximo ejercicio ascendería hasta los 100 millones de euros.