El Tribunal Constitucional ha dado un nuevo varapalo al impuesto municipal de plusvalía, dando la razón al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que planteó una cuestión de inconstitucionalidad. El tribunal ha avanzado el fallo pero será en los próximos días cuando dé a conocer la sentencia íntegra.
El Constitucional estima la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1 segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ricardo Enríquez, considera que estos artículos son inconstitucionales y nulos porque establecen un método objetivo de determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que determina que siempre haya existido aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición, con independencia de que haya existido ese incremento y de la cuantía real de ese incremento.
El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), también conocido como plusvalía municipal, grava el incremento de valor de los terrenos urbanos puesto de manifiesto en el momento de la transmisión.
El fallo declara la intangibilidad de las situaciones firmes existentes antes de la fecha de la aprobación de la sentencia, es decir, que la anulación del impuesto de plusvalía no tiene carácter retroactivo.
La sentencia cuenta con el voto particular concurrente del Presidente Juan José González Rivas y los votos discrepantes del magistrado Cándido Conde-Pumpido y de la magistrada María Luisa Balaguer.
A la espera de que el Tribunal Constitucional publique la sentencia, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha señalado que analizará la sentencia mientras ultima un borrador legal "que garantizará la constitucionalidad del tributo, ofrecerá seguridad jurídica a los contribuyentes y certidumbre a los ayuntamientos".
Madrid preveía ingresar 500 millones de plusvalía
El Ayuntamiento de Madrid, que preveía ingresar alrededor de 500 millones de euros en concepto de plusvalía, ha cargado contra "los oídos sordos" del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez al generar "inseguridad jurídica" en torno a este impuesto por no reformar con urgencia la Ley de Haciendas Locales.
El propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que solucione de manera urgente" las consecuencias de la sentencia que anula el impuesto de plusvalía. Según ha expresado durante su comparecencia en el Pleno de Cibeles, "si no lo hace, priva a los ayuntamientos de una fuente de ingresos esenciales para mantener servicios públicos".
Sin haber accedido a la sentencia en su fondo, por su parte, el equipo de Hacienda, capitaneado por la delegada Engracia Hidalgo, considera prudente esperar para dibujar las consecuencias que tendrá en el capítulo de ingresos del Ayuntamiento de Madrid. La plusvalía es el segundo tributo con mayor capacidad recaudatoria de todos los que gestiona el Ayuntamiento madrileño.
Desde el área de Hacienda han trasladado que desde 2017 la regulación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana se ha visto alterada tras dictarse diversas sentencias tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Supremo.
"La falta de iniciativa del Gobierno de España no sólo no ha resuelto la situación sino que ha permitido que se agravase al dictarse otras sentencias que incorporan nuevas dudas respecto a cuando debe entenderse que el impuesto es confiscatorio", ha declarado Hacienda.
Las mismas fuentes han detallado que en reiteradas ocasiones se ha reclamado al Gobierno de la Nación "que no prolongue más su inactividad legislativa en materia de plusvalía y que acometa una reforma legal de este impuesto para dotarlo de mayor seguridad jurídica, a la par que compensa a los ayuntamientos por la pérdida de ingresos en este impuesto".
"Los ayuntamientos no tenemos capacidad para poder resolver el problema nosotros mismos. La FEMP, el alcalde y la propia delegada en una intervención en el Senado reclamaron reformar con urgencia la Ley de Haciendas Locales para darle mayor seguridad jurídica a este impuesto pero, una vez más, Sánchez ha hecho oídos sordos a nuestras peticiones", han declarado.
A eso suman que la situación generada por la inactividad el Gobierno "amenaza la recaudación del impuesto de plusvalía en todos los ayuntamientos"
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