El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 8 de Madrid considera que el Ayuntamiento de Getafe "violó derechos fundamentales al repartir en colegios una guías educativas sexuales que atacaban a la Virgen". Así lo argumenta en su sentencia tras la denuncia presentada por la Asociación de Abogados Cristianos contra esta iniciativa del Consistorio getafense.
En el auto la jueza dictamina que la distribución de las guías "vulnera el derecho fundamental de los alumnos cristianos a no sufrir discriminación alguna por razón de su religión o creencias y el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".
Tras conocer esta sentencia judicial, el PP ha pedido la dimisión de la alcaldesa Sara Hernández y ha anunciado que llevará esta petición al próximo Pleno municipal del 28 de diciembre. Para el portavoz del PP, Carlos Pereira, la sentencia refrenda lo que ya habían denunciado en el Pleno, "el grave ataque por parte de la alcaldesa de Getafe a la libertad y a los derechos fundamentales de los niños menores y de las familias, en su objetivo de imponer su ideología comunista desde la más tierna infancia al distribuir estas guías sexuales".
En este sentido, recuerda que las guías `Rebeldes de género' distribuidas por el Gobierno municipal en los colegios "atacaban la figura de la Virgen y se animaba a los menores a apagar la tele y encender el clítoris", entre otras afirmaciones, lo que "causó gran malestar entre las familias".
Además, ha señalado que "la propia alcaldesa dijo en el Pleno que era gesto claro de su Gobierno que todos los niños, todos los adolescentes y todos los jóvenes del municipio tuvieran relaciones sexuales satisfactorias e igualitarias".
En opinión de Pereira, "Madrid es una región de libertad en la que no tienen cabida actitudes como la de la alcaldesa socialista de Getafe que cercena libertades y derechos de los getafenses".
Ha agregado que se trata de "otro revés judicial" para la alcaldesa que se suma a "su imputación por un delito medioambiental y al reciente fallo en contra por el caso de las maestras interinas de las escuelas municipales a las que echó".