La Comunidad de Madrid ha vuelto a reiterar este miércoles su frontal rechazo al proyecto para la actualización de modelo de financiación autonómica, ya bautizado por los más críticos como "modelo Junqueras", en referencia al líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Albert Junqueras, y que fue presentado días atrás por la ministra del ramo, María Jesús Montero.
Lo ha hecho, además, por partida doble. Primero, por voz de su consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en el marco de la celebración de un nuevo encuentro del Consejo de Político Fiscal y Financiera (CPFF). Horas más tarde, de la mano del propio portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, también en el transcurso de la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno.
Dos citas idóneas para dejar patente, una vez más, el disgusto madrileño con un sistema que, aseguran, no es más que un "chantaje". Una suerte de "peaje" a pagar por Pedro Sánchez para "mantenerse en el poder" y con el que ni siquiera comulgarían, al menos desde el prisma Popular, las comunidades socialistas. Para muestra, dicen, el hecho de que los "privilegios" -más recursos- de los que gozarían los catalanes hayan sido acordado, vía reunión bilateral y "clandestina", con los independentistas de ERC.
A este respecto, desde la Comunidad cifran la "discriminación" en más de 200 euros por habitante. En concreto, a cada madrileño le correspondería, siempre de acuerdo con las estimaciones de la Administración regional, en torno a 365 euros frente a los 588 destinados para cada catalán. Cuestión, claro, que podría traer consigo "un sistema de castas". En la práctica, importantes consecuencias sobre la prestación de los servicios públicos de competencia autonómica.
"No aceptaremos un modelo que discrimina a los madrileños"
"No aceptaremos un modelo que discrimina a los madrileños. Emplearemos todos los recursos que tengamos -sin aclarar si recurrirían la futurible aprobación ante el Tribunal Consititucional- para oponernos porque esto no va solo de recursos, va de España, de la forma en que vamos a financiar y garantizar unos servicios públicos en igualdad de condiciones y en todo el estado", ha sintetizado tajante García Martín. Por ello, ha añadido a renglón seguido, "la primera medida será votar en contra de estos peajes que Sánchez debe pagar a partidos independentistas".
Fuera como fuese, ni Albert ni García Martín han desvelado si la Comunidad terminaría por acogerse o no al nuevo sistema, en caso de resultar finalmente aprobado, dado su carácter voluntario. "Vamos a esperar a que se presente una propuesta multilateral para para definir y para discutir entre todas las comunidades autónomas y que no venga dada por el resultado que ha decidido el señor Junqueras", ha zanjado Albert a preguntas de los periodistas una vez concluida la reunión del CPFF.