Gobierno y agentes sociales han llegado a un principio de acuerdo para reformar el sistema de pensiones. La actualización de las pensiones contributivas en función del IPC, la aproximación de la edad efectiva de jubilación a la edad legal a través de un endurecimiento de las jubilaciones anticipadas y la posibilidad de ofrecer mayores incentivos al retraso de la jubilación son las bases del acuerdo.
Las medidas de esta primera parte de la reforma parten de los acuerdos del Pacto de Toledo y forman parte del Plan de Recuperación que está previsto que entre en vigor el próximo 2022, siempre y cuando el anteproyecto que las contiene pase todos los trámites correspondientes.
En esta misma línea, en un borrador del anteproyecto fechado el 14 de junio señala que el cambió contará con la anulación de dos de los aspectos más polémicos de la reforma de pensiones de 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad.
Aunque la sustitución de este último forma parte de la segunda revisión de la reforma de pensiones, prevista para más adelante, las diferentes asociaciones hacen constar en el texto del anteproyecto, al que ha tenido acceso Europa Press, que el mecanismo de equidad intergeneracional, que operará a partir de 2017 y reemplazará al factor de sostenibilidad, "deberá estar definido" en el momento de entrada en vigor de esta primera pata de la reforma.
Actualmente el texto se está ultimando y garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones contributivas, incluidas las mínimas, al vincular su revalorización anual con la variación interanual media del IPC de los 12 meses anteriores a diciembre del año anterior. Si esta variación fuera negativa, el importe de las pensiones no variará al comienzo del año.
CCOO y UGT ya le han dado el visto bueno y han destacado en un comunicado conjunto que, al suprimir la reforma de 2013, "se devuelve el sistema de pensiones a la garantía de la suficiencia de las prestaciones tanto de los actuales pensionistas como para los futuros jubilados".
Los órganos de dirección de CEOE deben dar todavía el visto bueno al acuerdo que subraya el papel del Estado como garante público del sistema de pensiones, incluyéndose en la Ley General de Seguridad Social una cláusula mediante la que anualmente se realizará una transferencia a través de los Presupuestos Generales del Estado de cerca de un 2% del PIB (unos 21.000 millones de euros).
Desincentivar el retiro anticipado
El anteproyecto establece una serie de medidas para desincentivar el retiro anticipado del mercado laboral cuando éste es voluntario. De este modo, para quienes tengan cotizados menos de 38 años y 6 meses, adelantar su jubilación 24 meses supondrá una reducción en su pensión de entre el 21% y el 3,26% (1 mes antes), y para los que tengan más de 38 años cotizados y 6 meses, pero menos de 41 años y 6 meses, la reducción máxima será del 19% (24 meses) y la mínima del 3,11% (1 mes).
Por su parte, el coeficiente reductor pasará a ser del 17% si los que tienen más de 41 años y 6 meses cotizados, pero menos de 44 años y 6 meses, se jubilan dos años antes. Si lo hacen un año antes, la reducción será del 2,96%. Por último, los que tengan más de 44 años y medio cotizados tendrán una reducción del 13% por jubilarse dos años antes y del 2,81% un mes antes.
En el caso de que una persona se acoja a la jubilación anticipada y estuviera también percibiendo percibiendo el subsidio por desempleo durante al menos tres meses, los coeficientes reductores que se aplicarán serán los establecidos para la jubilación anticipada involuntaria.
Los nuevos coeficientes reductores se aplicarán sobre la cuantía de la pensión y siempre respetando la limitación máxima. Cuando la pensión supere el límite establecido para el importe de las pensiones, los coeficientes reductores se aplicarán de manera gradual, en un plazo de diez años, a contar desde el 1 de enero de 2024.
Por otro lado, el texto también modifica además el procedimiento de solicitud de la jubilación anticipada por razón de la actividad y reforma la regulación de la jubilación anticipada no imputable al trabajador (involuntaria).
Así, las personas que trabajen en empresas cuyos centros de trabajo no se consideren móviles o itinerantes y que sean despedidas por rechazar un traslado que implique cambio de residencia, podrán acceder a la jubilación anticipada si cumplen los requisitos establecidos para acogerse a esta modalidad de jubilación.
También podrán acceder a la jubilación anticipada aquellos trabajadores que sean despedidos tras imponerle su empresa una modificación trascendente de sus condiciones laborales.
En estos supuestos, al igual que en los derivados de despido colectivo y despido objetivo, será necesario que el trabajador que quiera acceder a la jubilación anticipada acredite haber recibido la indemnización correspondiente por extinción del contrato o haber interpuesto demanda judicial en reclamación de dicha indemnización o de impugnación de la decisión extintiva.
Para poder acceder a la jubilación anticipada, se exigirá tener cumplida una edad que sea inferior como máximo en cuatro años a la edad legal de jubilación aplicable en cada caso, encontrarse inscrito como demandante de empleo y acreditar un periodo de cotización efectiva de 33 años.
En estos casos, la reforma establece que a la pensión de jubilación se le aplicarán una serie de coeficientes reductores por cada mes o fracción de mes en la que se adelante la edad legal. Estos coeficientes oscilarán desde el 0,50% de reducción por un mes de adelanto si se tienen cotizados 44 años y seis meses o más hasta el 30% de reducción que se aplicará por adelantar la jubilación cuatro años (48 meses) si el periodo de cotización es inferior a 38 años y seis meses.
Jubilación demorada y jubilación activa
En el caso de la jubilación demorada, el borrador contempla que no se cotizará por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria que corresponda en cada caso.
Además, el trabajador podrá elegir entre los tres tipos de incentivos para el retraso de la jubilación por cada año de demora: un porcentaje adicional del 4% (que se sumará al que corresponda de acuerdo con el número de años cotizados y se aplicará a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión), una cantidad a tanto alzado (pago único) en función de la cuantía de la pensión y premiando las carreras de cotización más largas, o una combinación de estas dos medidas. El pago único oscilará entre un mínimo de 4.786,27 euros y un máximo de 12.060,12 euros.
Por otro lado, se exigirá como condición para acceder a la jubilación activa el transcurso de al menos un año desde el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.
La reforma de pensiones prohibirá el establecimiento de cláusulas de jubilación forzosa para trabajadores de menos de 68 años a partir de la entrada en vigor de la misma. En los convenios suscritos con anterioridad, estas cláusulas podrán ser aplicadas hasta tres años después de la finalización de la vigencia inicial pactada para el convenio.
Además, si se establecen estas cláusulas en los convenios, las empresas tendrán que contratar como mínimo a tiempo completo y de manera indefinida a un trabajador por cada jubilado forzoso.
Excepcionalmente, el límite de edad establecido (menos de 68 años) podrá rebajarse hasta la edad legal ordinaria de jubilación cuando la tasa de ocupación de las trabajadoras en las actividades económicas del ámbito funcional del convenio sea inferior al 15% de las personas ocupadas y siempre que se cumplan varios requisitos, entre ellos la contratación simultánea de al menos una mujer de manera indefinida y a tiempo completo.
Entre los puntos claves a destacar, se mantiene el despliegue de la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social, cuya culminación está prevista para 2023, y 'rescata' la idea de crear una Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social. La constitución de este órgano contará con un plazo de seis meses para finalmente aprobarse mediante un Proyecto de Ley, aunque estaba previsto en la reforma de 2011.
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