La magistrada de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Collado Villalba ha acordado el inicio del proceso judicial contra el alcalde de Galapagar y aspirante del Partido Socialista a las elecciones, Alberto Gómez Martín, junto con otros tres funcionarios de alto rango del Ayuntamiento por supuestamente incurrir en un delito de hostigamiento laboral hacia la secretaria general del consistorio.
Según consta en un documento fechado el 23 de mayo, al que Europa Press ha tenido acceso, se ha ordenado la apertura de juicio contra el primer Teniente, Felipe García Escobar, la segunda Teniente, Rosa María Encuentra, y el encargado de Servicios Generales del Ayuntamiento de Galapagar, Alfonso Garza Andrade.
Fuentes municipales informaron a la agencia Europa Press que no comprenden por qué se ha reabierto el caso "a dos días de las elecciones, después de haber sido archivado inicialmente". A pesar de esto, confían en que se vuelva a archivar y consideran que es "una maniobra para desviar la atención de los dos salarios públicos que la candidata y diputada del Partido Popular ha estado recibiendo de manera irregular, según el informe del secretario".
El fiscal solicita una condena de un año de prisión para los acusados y una compensación conjunta de 2.000 euros por los daños morales, mientras que los demandantes particulares solicitan una condena de dos años de prisión para cada uno, además de la inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el período de condena. También piden una compensación de 11.820,99 euros por los daños morales.
María del Pilar A.A. ocupaba el cargo de secretaria general del Ayuntamiento y, mediante un Decreto de la Alcaldía del 3 de junio de 2019, Daniel Pérez Muñoz, quien era alcalde en funciones en ese momento, dio su conformidad a la solicitud de la funcionaria para obtener una habilitación de carácter nacional perteneciente a la subescala de secretaria Clase 1, extendiendo su permanencia en el servicio.
Los hechos que dieron inicio al proceso ocurrieron el 11 de marzo de 2021, cuando los imputados sostuvieron una reunión con la persona afectada con el fin de que renunciara a extender su servicio activo, ya que tenía más de 65 años. Sin embargo, la afectada manifestó su oposición y expresó su deseo de continuar trabajando hasta los 70 años.
Según la denunciante, los acusados respondieron con «faltas de respeto moral, comentarios ofensivos y degradantes", acusándola de "no cumplir con sus responsabilidades laborales". Estos actos la hicieron sentir "humillada y descalificada".
Además, la funcionaria también denunció que, anteriormente a 2021, experimentó "interferencias e intromisiones constantes" en sus labores profesionales, solicitándole realizar tareas que no estaban dentro de su cargo.
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