Este martes, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 24 de Madrid suspendía la aplicación del decreto del Ayuntamiento de Fuenlabrada que paralizaba las obras para la instalación en La Cantueña de un centro de acogida para menores extranjeros no acompañados, estimando así la petición de medidas cautelares provisionalísimas solicitadas por la Comunidad de Madrid.
A pesar de esta medida llevada a cabo por el juez, desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada continúan adelante con el precinto de las obras este miércoles tras no haber recibido notificación por parte del Juzgado sobre este asunto.
"El precinto se produce en cumplimiento del decreto de paralización de las obras emitido la pasada semana por el Ayuntamiento por considerar que, al existir un expediente de reversión del espacio y, por lo tanto, dudas sobre la titularidad del mismo, no deben comenzar los trabajos. El Ayuntamiento no ha recibido notificación alguna del juzgado suspendiendo de manera cautelar el precinto por lo que continúa adelante con lo establecido en el decreto de paralización de obras", señalan desde el Consistorio fuenlabreño.
"El Ayuntamiento de Fuenlabrada considera que la Comunidad de Madrid incumple el convenio de cesión del espacio de La Cantueña y, por lo tanto, la ciudad está en su derecho de recuperarlo. Además, el Consistorio está en contra del modelo de macrocentro elegido por la Comunidad que incumple las recomendaciones del Consejo de Europa y la propia ley regional de servicios sociales", añaden.
Decreto suprimido por la "situación de urgencia"
Según argumentaba el auto del Juzgado, concurren en este caso "suficientes elementos" que "permiten apreciar la situación de urgencia requerida" por la Comunidad de Madrid para solicitar la suspensión del decreto municipal.
Es por ello que se daba un plazo de tres días al Consistorio fuenlabreño para presentar alegaciones antes de dictar auto sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida cautelar.
Asimismo, el juez consideró que, ante el reciente inicio de las obras, acceder a la suspensión cautelar de la decisión de paralización representa "el mantenimiento de la situación material y jurídica preexistente", sin perjuicio de su posible modificación una vez se reciban las alegaciones del Ayuntamiento y se resuelva de forma definitiva y tras escuchar a todas las partes.
Tampoco se advierte, sostiene el auto, "un grave perjuicio del interés general" por el hecho de permitir que las obras continúen ejecutándose durante "el breve plazo de tres días que se concederá para la formulación de alegaciones por el Consistorio".
Por el contrario, la clausura y precinto de dichas obras "supondrá su inmediata paralización", lo que "presupone objetivamente un perjuicio mayor si después hubiera de ser removido el precinto", dado el "presumible retraso que la ejecución de dicha remoción podría conllevar en cuanto representa la reanudación de unas obras de remodelación, con el subsiguiente traslado de personal, maquinaria y materiales de obra".
La Comunidad acusa a Ayala de estar "en rebeldía"
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha acusado al alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, (PSOE) de estar "en rebeldía" por haber precintado las obras del espacio La Cantueña. El portavoz del Ejecutivo regional ha sostenido que la notificación judicial le llegará les llegará, "si no les ha llegado ya", y esta es "clara" al dejar "sin efecto la resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se paralizaban las obras".
"Yo lo que entiendo es que en este caso el alcalde de Fuenlabrada lo que tiene que hacer es dejar trabajar a la Administración que lo que está haciendo es, en cumplimiento de la legalidad y en cumplimiento de nuestras responsabilidades, habilitar un centro en una instalación que en este momento tenemos cedida", ha subrayado.
García Martín ha garantizado que las obras "continuarán" y en ese centro serán atendidos los menores "con totales garantías, con una instalación perfectamente adecuada y preparada", para dar respuesta al "caos migratorio" en el que tiene sumido al país el Gobierno de Pedro Sánchez.
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