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Juan Carlos Rodríguez, alcalde de Moralzarzal
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Juan Carlos Rodríguez, alcalde de Moralzarzal (Foto: Ayuntamiento de Juan Carlos Rodríguez, alcalde de Moralzarzal )

La Fiscalía denuncia al alcalde y la edil de Urbanismo de Moralzarzal por prevaricación en contratos menores

viernes 13 de diciembre de 2019, 08:36h

La Fiscalía de Madrid ha denunciado al alcalde de Moralzarzal, Juan Carlos Rodríguez Osuna, y a la concejala de Urbanismo, Medio Ambiente y Obras de la localidad, Susana Villareal, por un presunto delito de prevaricación administrativa en la concesión de varios contratos menores entre 2016 y 2017 sin cumplir la normativa.

Además, reclama que ambos ediles comparezcan en sede judicial en calidad de investigados y se recabe al Consistorio de Moralzarzal los expedientes de contratación de servicios públicos de limpieza viaria, mantenimiento de parques y jardines con la adjudicataria del servicio.

También solicita que comparezca el autor de los informes de la Intervención Municipal que ponían objeciones de legalidad a los contratos menores cuestionados y que se realice un informe pericial sobre los mismos.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público concluye que en esos dos ejercicios el Consistorio llevó a cabo "numerosos" contratos menores sin que "en muchos de los casos, se cumpliera lo dispuesto al respecto por la Ley de Contratos del Sector Público.

En concreto, la Fiscalía apunta a que la edil de Urbanismo y responsable de Medio Ambiente encargó contratos menores por importe superior al fijado en la Ley de Contratos o que duraron más de un año, lo que derivó en la oposición de la Intervención Municipal. En los casos mencionados, el alcalde autorizó finalmente los créditos para abonar las facturas sin atender los reparos de los informes desfavorables.

Respecto del año 2017, consta que se celebraron un total de 2.716 contratos menores (lo que suponía un 59,85 por ciento del número total de contratos celebrados por ese Ayuntamiento), y que a través de ellos se dispuso de un total de 2.145.354,08 euros (lo que suponía un 29,72 por ciento del importe total dispuesto por ese Ayuntamiento a través de operaciones contractuales).

Así, a través de la Concejalía de Medio Ambiente y Urbanismo, la empresa Urbaser, S.A. presentó para su cobro diversas facturas que fueron tramitadas por ese Ayuntamiento como contratos menores, autorizándose el gasto correspondiente a cada una de ellas, pese a que la citada entidad era la concesionaria de los servicios públicos de recogida de residuos, limpieza viaria y mantenimiento de parques y jardines, contrato por el que percibía ya la contraprestación correspondiente.

Así, la Fiscalía constató que la empresa recibió la cantidad de 27.912,44 euros por el mes de diciembre de 2016, "sin que apareciera justificado" que los conceptos correspondientes a aquellas facturas no se encontraban ya incluidos en el contrato principal.

Así, en relación a una de tales facturas, por importe de 1.044,79 euros y de fecha del 23 de agosto de 2016, en concepto de 'equipo de desbroce de zonas verdes', se emitió informe por parte del Interventor Municipal del Consistorio que se oponía a su abono, haciendo mención a que era la concesionaria del servicio, por lo que reclamaba un informe sobre los servicios prestados.

APRECIA IRREGULARIDADES EN CONTRATOS MENORES

También aprecia irregularidades en los contratos menores celebrados por una empresa con otro informe desfavorable de la Intervención Municipal ante una factura por valor de 1.625 euros en concepto de mantenimiento de jardines del sector Las Hachazuelas en octubre de 2016.

En este caso se alertaba de que el contrato menor no podía superar un año (al iniciarse en octubre de 2015 y venciendo en septiembre de 2016), pues era una vulneración de la Ley de Contratos Públicos que no admite prórroga en el caso de los contratos menores.

Pese a ello la Fiscalía asegura que el Ayuntamiento, a través de la concejal de Medio Ambiente y Urbanismo "decidió que la citada empresa continuara prestando el servicio" con facturas emitidas en noviembre por similar importe. Ante esta discrepancia, el alcalde de Moralzarzal autorizó el crédito presupuestario para abonar estos trabajos.

También apunta a las sospechas de un contrato menor con una aseguradora al abonarle un importe de 1.444 euros en concepto de 'prima anual seguro accidentes innominados' correspondiente al ejercicio 2017, con igual informe desfavorable del interventor municipal.

Aparte, las diligencias del Ministerio Público detecta otras facturas por prestación de servicios en otro contrato menor por importe de 33.977,61 euros, es decir, "por encima del umbral económico" de 18.000 euros fijado para este tipo de contratos menores.

También alude a una compra directa presuntamente irregular a una empresa para la adquisición permanente de suministro de material de saneamiento y depuración de la piscina municipal al abonarse en 2016 19.803,59 euros (con facturación actual pendiente de 2.349,39 euros) "sin ningún tipo de contrato".

Aquí concluye que este servicio es "periódico y continuado" con un plazo que debe ser superior al año y tramitarse mediante un expediente de contratación por procedimiento ordinario. Por ello, se considera no ajustado a derecho esa compra.

También se comunicaron reparos por la Intervención Municipal ante contratos menores con una empresa de saneamientos con un total de 90 facturas entre agosto y septiembre de 2017, que se encontraban paralizadas "gestionarse mediante compra directa sin ningún tipo de contrato".

EL ALCALDE, TRANQUILO ANTE LA DENUNCIA

Por su parte, desde el Consistorio han explicado que el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº5 de Colmenar Viejo ha solicitado, como parte de las diligencias previas, el envío por parte del Ayuntamiento de los expedientes sobre contratos menores de los ejercicios 2016 y 2017 en formato digital, que ya fueron remitidos en junio de este mismo año a la Fiscalía, como consecuencia de una denuncia del PP.

En un comunicado, ha subrayado que "en ningún momento" se ha comunicado "la investigación de los referidos ediles sino que aparecen como denunciados en estas diligencias previas".

Además, recalca que la Secretaria General enviará al juzgado toda la información requerida y que tanto el alcalde como la concejala se "sienten muy tranquilos ante estos hechos, ya que todos los expedientes están supervisados por la Secretaría e Intervención municipal y fueron enviados al Tribunal de Cuentas en tiempo y forma".

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