Independientemente de la ideología política de sus gobiernos, Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco y la Comunidad Valenciana, tienen en común la existencia de un Consejo Económico y Social (CES) a diferencia de lo que ocurre en Madrid desde que fue eliminado por Esperanza Aguirre. Aquel CES, servía “de cauce de participación y diálogo de los interlocutores sociales —empresarios, sindicatos, y expertos de reconocido prestigio— en el debate de los asuntos económicos y sociales”, y hacía llegar “al Gobierno regional reflexiones y sugerencias”. Era un auténtico referente y laboratorio de ideas que realizaba análisis, informes y memorias. Era, además, garante de transparencia de las administraciones, pues convertía a éstas en fuente de datos e información.
Con la existencia del CES madrileño sí sabríamos cuántos inspectores existen trabajando en el sector de dependencia obligando a cumplir la ley. Esta institución sería útil incluso al propio consejero, que está intentando sacar a la luz las realidades de esta área. Y es que el problema de la dependencia es paradigmático de la necesidad de un renacido CES regional.
Tal como aseguraba Ana González, secretaria de Política Social de CCOO de Madrid durante la presentación de un profundo estudio sobre la dependencia en nuestra región (15 Claves para entender la Dependencia en Madrid. Indicadores de impacto de la Ley de Atención a la Dependencia), la falta de transparencia es uno de los problemas fundamentales que impide realizar diagnósticos científicos para mejorar el sistema.
Con todo, desde las Comisiones Obreras de Madrid hemos podido dibujar un escenario de la dependencia que resulta preocupante, tanto por las dificultades para acceder al servicio de las personas que lo requieren, como por la situación laboral de quienes prestan ese trabajo.
El sistema de dependencia nació en España de una ley solidaria y avanzada socialmente, pero que cuya puesta en marcha en la Comunidad de Madrid estuvo marcada por el sabotaje de Esperanza Aguirre para derivar en una utilización partidista. Según nuestras estimaciones, unas 440.000 personas serían beneficiarias de este derecho (el 7 por ciento de la población madrileña); sin embargo, la Administración regional cifra en un 3 por ciento el número de personas con algún tipo de dependencia.
Raro es que en nuestros entornos familiares o de amistades no conozcamos a personas que se eternizan esperando ser atendidas y que incluso reciben respuesta meses después de haber fallecido. Esta situación se viene agravando en el último año, ya que las personas pendientes de valoración han aumentado en un 1.000 por cien y la lista de espera ha crecido en 8.600 personas. La situación es preocupante porque el 16 por ciento de las personas reconocidas como dependientes –más de 28.000- no reciben ningún tipo de ayuda, y el 25 por ciento de las solicitudes son denegadas por la Administración, lo que evidencia una aplicación restrictiva del acceso a este derecho.
Los datos demográficos muestran que hablamos de un sector económico de futuro y repleto de retos que no podremos afrontar si no lo dignificamos. Es hoy uno de los sectores estratégicos de la Comunidad de Madrid pero altamente precarizado (eventualidad y temporalidad) y por ende, feminizado y con salarios por debajo del umbral de la pobreza. Un sector que ha sido víctima de las políticas neoliberales y privatizadoras de los gobiernos de derechas que consideran negocio lo que es un derecho.
Ante estas circunstancias, tanto el Gobierno regional, como los gobiernos locales y el central deben tomar cartas en el asunto, comenzando por realizar un diagnóstico profundo, más allá de tendencias, para lo cual, insisto, es necesario el CES en nuestra comunidad.
Madrid, también en este asunto debe compararse con las regiones más punteras de Europa. Incluso la propia Comunidad de Madrid encargó un estudio que establece que necesitamos 139.000 empleos más para dar cobertura a los sectores de cuidados, atención sanitaria y educación.
Hay que cambiar el modelo para mejorar la asistencia, con mayor empleo, pero también con más profesionales para que no recaiga sobre las familias, y especialmente sobre las mujeres, el cuidado de dependientes. Asimismo es evidente que es necesario un incremento de las infraestructuras. Serán necesarias más residencias, centros de día, lugares de rehabilitación, etcétera.
El cuadro de la dependencia está basado por lo tanto en: un derecho que no llega a todas las personas; unas condiciones laborales muy precarias; salarios de pobreza; falta de profesionales; falta de infraestructuras. Paradójicamente es un sector estratégico, en crecimiento y de futuro económico.
Para que todos los derechos sean tenidos en cuenta hay que reformar el Estatuto de Autonomía y hay que cambiar la ley autonómica de servicios sociales para adaptarla al futuro. Además, hay que dotar al sistema público de Atención a la Dependencia de la Comunidad de Madrid de los recursos públicos necesarios.
Es imprescindible que el Estado cargue con la parte que le corresponde en la Atención a las Personas con Dependencia. La Comunidad de Madrid está cargando con más del 80 por ciento de los costes de esta atención, cuando no tendría que cargar más que con el 50 por ciento. Es decir, buena parte de los déficits que tenemos están relacionados con la mala financiación estatal.
Evidentemente, lo fundamental es que los servicios lleguen a las personas que los necesitan y evitar esperas muchas veces trágicas. Para ello, tal como la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia establece, hay que crear un comité consultivo específico para el seguimiento de la ley y así venimos reclamándolo al Gobierno. Igualmente, para poner en marcha todas estas medidas hay que crear un Plan Director en línea con el existente en Salud Laboral.
Hay mucho que hacer y hay que poner orden en la selva que supusieron los procesos de privatización, donde se externalizaron contratas y luego subcontratas de las subcontratas… Hay que reforzar la inspección porque hoy y en el futuro hay que aplicar la ley. Tanto para los derechos, como para los deberes.
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