La Comunidad se personará como acusación particular en el caso de las menores prostituidas

El Gobierno regional se personará como acusación particular en el caso de las menores que vivían en centros de protección y que fueron prostituidas por una mafia de proxenetas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo ha anunciado en una entrevista en la 'Cadena Ser', donde ha sostenido que lo hacen para "dar toda la información necesaria y colaborar totalmente con la Policía para esclarecer cualquier duda".

"Nosotros lo que estamos haciendo es colaborar pero también siendo conscientes de que es una situación muy compleja, ya no solo por las vidas tan complicadas que están soportando estas menores, que en algunos casos han llegado a ser incluso obligadas por sus propios familiares, sino que además por la Ley del Menor y por las dificultades que esta contrae cuando estos menores salen de los centros nosotros no podemos vigilarles", ha declarado.

Preguntada por el motivo por el que en un primer momento se informó de que no había víctimas que fueran tuteladas por la Comunidad, Ayuso ha desgranado que fue la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, quien le trasladó al consejero de Presidencia, Enrique López, que no había menores tuteladas por la Comunidad. "La información que vamos dando es la que vamos recibiendo. Estamos ahora en manos de una investigación policial, que va por delante, y luego con datos que es muy difícil acceder a ellos porque en muchos casos los tienen los profesionales", ha declarado.

Ayuso ha subrayado que van a dar todas las explicaciones y tomar todas las medidas pero tienen que ser "muy cautos" porque es una investigación que está abierta y en la que en tiempo real se va conociendo más información. Además, ha incidido en que en cuanto se reanude el período de sesiones, en la Asamblea de Madrid, la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, comparecerá para dar explicaciones.

Este mismo lunes lunes ha solicitado comparecer en la Asamblea, a petición propia, para explicar la situación de las menores liberadas por la Policía a finales de noviembre al desarticular la banda que las explotaba sexualmente en locales y narcopisos de la capital. Dancausa está a la espera de que la Mesa de la Asamblea les asigne día de comparecencia, puesto que enero por lo general es un mes inhábil parlamentario tanto en plenos como en comisiones, salvo casos de urgencia.

Tres de las diez chicas liberadas por la Policía Nacional vivían en centros de protección de menores de la Comunidad de Madrid, según confirmaron la semana pasada a Europa Press fuentes de la Consejería. No obstante, podrían ser más, ya que el departamento que dirige Concepción Dancausa está recopilando con detalle y precisión toda la información para conocer realmente lo que sucedió y así dar explicaciones la oposición y al Defensor del Pueblo, que ha abierto una investigación al respecto, tal y como se comprometió la consejera hace unos días en Twitter y hoy ha confirmado en el Parlamento regional.

Las diez liberadas, todas españolas salvo una dominicana y una rumana, tienen entre 14 y 16 años. La Policía vincula a cuatro de ellas con centros de menores de la Comunidad de Madrid, unas en régimen abierto y otras en cerrado. Entre el resto hay una residente en un centro de Guadalajara, otra vivía con su familia y otra ya era mayor de edad, entre otras situaciones.

La Consejería aseguró en un principio que es un caso de prostitución ajena los centros y que ninguna de las víctimas de esta mafia de proxenetas estas tutelada por la Comunidad, pero ahora se sabe que al menos tres sí lo estaban. Dancausa explicará por qué al principio contaban con una información y luego con otra diferente.

La Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad están cooperando con la Policía en todo lo que requieran. De hecho, las mismas fuentes regionales aseguran que una de las menores fue atendida en un centro de protección regional, enviada por la Policía cuando fue encontrada en situación de vulnerabilidad.

El testimonio de esta adolescente, que fue enviada primero al centro de primera acogida de Hortaleza pero luego a la Residencia de Adaptación Psicosocial Picón de Jarama, situada en Paracuellos y especializada en adicciones, ha sido muy importante para desarticular la trama.

Estando allí confesó a los tutores que había sido explotada por una banda, al igual que otras chicas con necesidades económicas que captaban donde podían. No obstante, desde la Policía explican que estos testimonios no fueron clave para desarticular el grupo criminal, ya que las pesquisas se había iniciado mucho antes, en abril.

La investigación arrancó cuando los agentes del Grupo XXII de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de Madrid tuvieron noticias en abril que una menor de edad se fugaba con asiduidad de su lugar de residencia y que durante sus ausencias mantenía relaciones sexuales con personas mayores de edad a cambio de dinero o de sustancias estupefacientes en el polígono Marconi o en narcopisos de Usera o de Vallecas.

Los investigadores descubrieron que otras menores, con las que compartía lugar de residencia, se encontraban en la misma situación. Contactaban con ellas a través de redes sociales ganándose su confianza y posteriormente las utilizaban para ofrecer servicios sexuales a clientes a los que suministraban sustancias estupefacientes.

En algunos casos, las obligaban a distribuir ellas mismas la droga a bordo de patinetes y, tras la entrega, eran agredidas sexualmente por los propios consumidores. En otras ocasiones, los detenidos las trasladaban a un conocido polígono de la capital donde ofrecían a los compradores del estupefaciente mantener relaciones sexuales con ellas.

La operación culminó con la liberación de las diez víctimas y con un total de 37 individuos arrestados, la mayoría dominicanos. Pero también hay cuatro marroquíes y algunos rumanos, nigerianos, españoles y cubanos, con edades comprendidas entre los 18 y los 57 años. Además, hay al menos cuatro mujeres detenidas.

Están acusados presuntamente de perpetrar los delitos de agresión sexual, prostitución de menores, tenencia de pornografía infantil, detención ilegal y delito contra salud pública. Una vez pasaron a disposición de la autoridad judicial se decretó el ingreso en prisión de ocho de ellos.

Uno de los encausados ya estaba en prisión acusado del homicidio cometido el 12 de agosto en la calle Monte Igueldo. Se trata de un ciudadano marroquí de 51 años, que tras una pelea dio un puñetazo a un ecuatoriano de 65 años, que le hizo caer al suelo y golpearse mortalmente contra el suelo. Un mes después el autor fue arrestado. Tenía diez antecedentes por delitos contra las personas y el patrimonio.

Otro de los arrestados es el 'youtuber' y cantante de rap Saymol Fyly, ciudadano dominicano de 21 años, que tiene 154.000 subscriptores en esta red social, en la que ha publicado contenido hasta el pasado 28 de diciembre. Saymol sería supuestamente utilizado por la banda para atraer a las chicas, según las pesquisas judiciales.

Sin embargo, en su cuenta de Instagram, con más de 30.000 seguidores, el cantante ha escrito: "El que nada debe nada teme. Si yo fuera culpable de algo no estaría aquí tan tranquilo, porque esa detención pasó hace un mes". También arremetió contra las informaciones publicadas sobre él así: "Ustedes son ratas de laboratorio que le dicen lo que sea y sin saber solo usan el teclado para escribir la primera estupidez que se les venga a la cabeza sin saber el daño que puede causar eso antes de acusarme primero asegúrense".

A otro de los detenidos se le encontraron 300 gramos de cocaína en su casa y otro tiene 40 arrestos previos. Otros cuatro malhechores tienen antecedentes por agresiones sexuales. Varios de los apresados están relacionados con bandas juveniles. Ocho de los apresados están ya en prisión provisional.