La Comunidad de Madrid continúa su cruzada particular contra el impuesto temporal de Solidaridad implementado por el Gobierno central y que grava a las fortunas con un patrimonio superior a los tres millones de euros. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha aprobado este mismo miércoles presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional al considerar que la orden del Ministerio de Hacienda que aprueba el sistema de liquidación del tributo invade las competencias autonómicas en materia fiscal y financiera. Asimismo consideran que fue aprobado a través de una enmienda en un proyecto de Ley y, por ende, se ha saltado el procedimiento parlamentario ordinario. La Comunidad ya recurrió este mismo impuesto en el mes de marzo ante el Tribunal Constitucional alegando idénticos motivos.
Tanto el procedimiento para aprobar el impuesto a las grandes fortunas como la naturaleza del mismo, explica el portavoz del Gobierno regional y consejero de Presidencia, Justicia y Aministración Local, Miguel Ángel García, vulnera los principios de capacidad económica y confiscatoriedad recogidos en la Constitución Española. Por un lado, supone “un atentado contra la autonomía regional para la gestión de los tributos cedidos”, como es el caso de Patrimonio que en la Comunidad está bonificado al 100 por ciento desde 2008. Por otro, se trata de una “violación del principio de igualdad” pues “no trata igual a todos los españoles” sino que “afecta especialmente a madrileños y andaluces”. Asimismo es una “lesión a la seguridad jurídica pues se ha aprobado con efecto retroactivo” para todo el año 2022.
"Apostamos por impuestos bajos"
En cuanto a su proceso de tramitación, el Gobierno madrileño alude además a irregularidades en el mecanismo parlamentario ordinario, lo que terminó por impedir a los diputados la presentación de enmiendas en tiempo y forma. Por este motivo, añaden, el impuesto de Solidaridad ha sido aprobado "sin someterse a consulta pública y sin contar con memoria económica ni dictamen del Consejo de Estado".
Frente a un gravamen que consideran "injusto" -al recaudarse hasta el 90 por ciento del mismo en la región-, “en Madrid seguiremos apostando por impuestos bajos para dinamizar economía. Seguiremos dando batalla contra este impuesto que hace que la inversión, el empleo y la riqueza no llegue a nuestras regiones. Dejarán de llegar empresas, autónomos, empleos... Se reduce la cotización y la recaudación por otros impuestos. Lejos de suponer una mejora para la recaudación del Estado, estas iniciativas ponen de manfiesto que el conjunto del estado tendrá menos recursos (...). Hemos demostrado que una política fiscal equilibrada, con menos impuestos y más recaudación, se traduce en más inversión y servicios públicos de calidad”, zanja García.
La Comunidad de Madrid ya recurrió este impuesto ante el Tribunal Constitucional el pasado mes de marzo. Los motivos esgrimidos entonces fueron los mismos que en la actualidad. En paralelo, se presentaron también las estimaciones en cuanto a la pérdida de inversión extranjera en la región que el impuesto a las grandes fortunas podría traer consigo: más de 1.200 millones de euros al año. A este respecto, preocupa especialmente el freno a la llegada de inversores procedentes del extranjero. Con el objetivo paliar tales pérdidas Díaz Ayuso planteó en entonces la aprobación de un incentivo de hasta un 20 por ciento en el IRPF autonómico y que fue, en último término, tumbado por Vox. Ya sin la necesidad de acuerdo con los de Rocío Monasterio, la medida podría regresar al Pleno de la Asamblea este mismo curso.
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