En su cónclave semanal desde la Real Casa de Correos y con la presidenta Isabel Díaz Ayuso de nuevo a la cabeza tras su polémico periplo mexicano, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid dará este miércoles el visto bueno definitivo a la reforma del reglamento que rige el funcionamiento de los vehículos de arrendamiento con conductor, más conocidos por la siglas VTC, a lo largo y ancho de la región.
Entre las novedades contempladas en el nuevo proyecto normativo para compañías como Uber, Bolt o Cabify destaca el tope, fijado en un 75 por ciento de incremento máximo sobre el "precio base", en el régimen tarifario ante situaciones "excepcionales de alta demanda". Escenarios, en cualquier caso, que deben haber sido previamente declarados por la "autoridad competente".
Entre tales episodios, informan fuentes de la Consejería de Vivienda, Transporte e Infraestructuras consultadas por Madridiario, la celebración de "grandes eventos extraordinarios", "fenómenos meteorológicos adversos", "incidencias graves en infraestructuras de transporte" o "momentos de emergencia" que afecten "de forma significativa" a la movilidad. En cualquier otro contexto, matizan, aplicará la prohibición expresa de "suplementos adicionales".
En paralelo, aclaran los de Jorge Rodrigo, no podrán justificar incrementos de precio las situaciones de alta demanda "ordinaria", tales como los picos habituales de demanda o cualquier otra circunstancia no declarada formalmente como "excepcional".
Un asunto controvertido, fundamentalmente a tenor de la política liberal, santo y seña del Ejecutivo madrileño, y que había abogado siempre por huir de cualquier tipología de intervención sobre el mercado. Para muestra, la no aplicación de la Ley estatal de Vivienda a fin de declarar zonas tensionadas y fijar topes máximos al precio del alquiler, favoreciendo así el acceso a personas en situación de vulnerabilidad.
También a tenor de la "cierta inseguridad jurídica" reconocida previamente por el propio Gobierno regional y que fue, entre otros aspectos, factor clave en la pretendida la modificación del reglamento.
Más vehículos para personas con movilidad reducida
A fin de engrosar la flota adaptada para personas con movilidad reducida se "flexibilizarán" los requisitos ambientales, de modo que tales vehículos puedan disponer de etiqueta ambiental C. La incorporación de más VTCs adaptados era una de las reivindicaciones históricas de colectivos como la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma-Cocemfe Madrid), que se sentían hasta la fecha "excluidos" del servicio fruto de la "absoluta pasividad" de la Administración autonómica.
Asimismo, para mejorar la accesibilidad de los vehículos la medida refuerza la identificación visual de los coches adaptados mediante el uso obligatorio de "pictogramas de accesibilidad" más fácilmente reconocibles por parte de los viajeros.
Nuevos distintivos identificativos
Por último, la modificación, en el horno del Gobierno desde hace ya dos años, incluye la implantación de un nuevo sistema de distintivos identificativos en los vehículos. El objetivo no es otro que "evitar posibles falsificaciones". En la práctica, fraudes. Y es que "estos permitirán diferenciar de forma clara si la autorización del vehículo tiene carácter urbano o interurbano, con el fin de incrementar la transparencia y ofrecer mayores garantías tanto a los ciudadanos como a los profesionales del sector".
Salvo giro de guion, está previsto que el recién reformado reglamento entre en vigor el próximo més de julio.
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