Terremoto en las instituciones del Estado debido al caso de Leire Díez. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha sacudido el tablero político y policial al citar como investigados (imputados) para el 16 de julio a Mercedes González, actual directora de la Guardia Civil, y a Manuel Llamas, director adjunto operativo (DAO) del cuerpo.
La lupa judicial se posa sobre ellos en el marco de una espinosa causa que intenta destapar una supuesta red secreta dedicada a torpedear y desestabilizar los procesos judiciales que salpican al PSOE y por extensión, al Gobierno.
La imputación se debe a que los informes policiales puestos a disposición judicial demostrarían que mantuvo varias reuniones con Leire Díez y que el contenido de ellas, presuntamente, podría ser referente a la causa investigada en el 'caso Leire Díez'.
Prevaricación en el punto de mira
La decisión de Pedraz no llega de la nada. El juez ha firmado las citaciones atendiendo el requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular unificada.
Sobre la mesa hay acusaciones de un calibre considerable: los investigadores aprecian indicios de un presunto delito continuado de prevaricación administrativa, sumado a otro delito contra la Administración de Justicia.
En mitad de este tsunami legal, hay quien ha logrado esquivar el golpe, al menos de momento. La resolución del juzgado aclara de forma directa que no hay motivos suficientes para citar como investigado a Leonardo Marcos, quien fuera director del instituto armado antes que González.
El juez considera que, analizando las pruebas actuales, el comportamiento de Marcos no encaja por sí solo en ningún tipo penal concreto, sin perjuicio de lo que pueda aflorar en los próximos interrogatorios.
El misterioso contrato del asesor jurídico
La ofensiva del juzgado no se detiene en la cúpula policial; también apunta de lleno a los pasillos de Ferraz (PSOE). Pedraz ha dado luz verde a una batería de diligencias solicitadas por los fiscales para tirar de la manta. La más llamativa es un requerimiento directo al PSOE para que identifique con nombres y apellidos a la persona de la formación que estampó su firma en un contrato de asesoramiento con el abogado Jacobo Teijelo.
La clave de este asunto radica en las fechas. El letrado aseguró haber ejercido como asesor jurídico del partido en un periodo muy concreto, entre octubre de 2024 y junio de 2025. Ahora, la dirección socialista tendrá que retratarse ante la Audiencia Nacional detallando qué cargo exacto ocupaba el firmante de aquel acuerdo y bajo qué habilitación o pacto interno actuó para contratar los servicios de Teijelo.
Garantías legales y el derecho a no incriminarse
La pelota está ahora en el tejado de la formación política, aunque las reglas del juego penal obligan a guardar las formas. El magistrado ha dejado estipulado que este trámite administrativo deberá completarse a través de un representante legal debidamente designado y que cuente con poderes específicos de representación del partido.
Eso sí, la justicia se cuida mucho de cumplir el protocolo a rajatabla. Antes de entregar un solo papel, el PSOE deberá ser informado formalmente de un derecho constitucional básico que le asiste como persona jurídica: la prerrogativa de no facilitar ninguna documentación o información sensible que pueda terminar siendo incriminatoria para las propias siglas del partido, siguiendo los cauces establecidos en el artículo 31 bis del Código Penal.
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