La Comunidad de Madrid se personará como acusación popular en las diligencias previas seguidas por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 10 de Madrid, que investiga el posible asesinato de una mujer a manos de su pareja o expareja en Vicálvaro el pasado 30 de noviembre.
Aquel sábado, una llamada a los servicios de Emergencias alertó del fallecimiento de una mujer en un piso del número 17 de la calle Caliza. Los primeros informes no apuntaban a que se tratara de una muerte violenta, pero nuevas pruebas realizadas y otras que quedaron pendientes, como el informe toxicológico, no descartaban que pudiera tratarse de un homicidio.
Varias unidades de la Policía Nacional, que descubrieron el cuerpo sin vida de la mujer de 38 años, hallaron también unas bellotas de hachís y una plantación de marihuana, por lo que el morador de la vivienda, posible pareja o expareja de la fallecida, fue detenido por tráfico de drogas y por indicios de homicidio.
El caso acabó en el Juzgado de Violencia contra la Mujer y esa misma tarde, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género confirmó el presunto asesinato machista de esta mujer, que no tenía hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género.
El consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Alberto Reyero, previo informe favorable de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, ha dictado la orden por la que se encomienda el ejercicio de las acciones jurisdiccionales con el fin de poder personarse como acusación popular en el procedimiento judicial.
Con este ya son 41 los casos en los que el Gobierno regional se ha personado como acusación popular en procesos relacionados con violencia de género desde enero de 2016, tal y como establece la Ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.
Si (
No(
