El crecimiento demográfico, de hasta 100.000 personas al año de acuerdo con las últimas estimaciones, es uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la Comunidad de Madrid. Así, simplificar trámites administrativos y reducir cargas burocráticas al tiempo que se estimula la actividad económica se convierte en uno de los pilares en la hoja de ruta fijada por la Administración que preside Isabel Díaz Ayuso en su Proyecto de Ley para un Desarrollo Equilibrado en materia de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Una iniciativa que se encuentra ya en el horno del Ejecutivo y cuyas líneas maestras fueron presentadas en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno del pasado miércoles.
Esta medida, que contempla la modificación de una decena de textos y hasta 131 artículos, aspira a alcanzar una mayor colaboración entre el ente público y el sector inmobiliario, facilitando el desarrollo de grandes proyectos como Madrid Nuevo Norte. La aceleración de la edificabilidad, objetivo último de la modificación normativa, sería posible gracias a la supresión de requisitos y procedimientos vigentes hasta la fecha. Para muestra, la posibilidad de solicitar la licencia urbanística desde el momento de la reparcelación. En paralelo, aseguran desde la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, permitirá a los municipios avanzar “con plena autonomía” y de forma “respetuosa con el medio ambiente” en su propio planeamiento. Todo ello, claro, bajo el paraguas de la futura Ley de Suelo, cuya entrada en vigor continúa agendada con vistas a 2026.
Tal grado de flexibilidad, no obstante, habría despertado cierto recelo en cuanto al libre albedrío en el proceder de las empresas constructoras que operen en la región. Una suerte de laissez faire, laissez passer, principio fundamental del liberalismo económico, elevado a su máxima potencia y que desde la Comunidad han querido atajar de raíz mediante un endurecimiento del régimen sancionador sobre las infracciones administrativas de carácter urbanístico. “Necesitamos instrumentos ágiles y reforzados con mayores tiempos para el control de la acción urbanística por parte de la Administración, evitando que prescriban irregularidades que impactan en todo el territorio”, avanzaba el titular del ramo, Carlos Novillo, días atrás.
Tal intención, ha detallado el propio Novillo en un encuentro con la prensa este martes, aterriza de la mano de un incremento en los plazos de prescripción de las infracciones: de cuatro a seis años en suelos urbanizables y 15 para aquellos no urbanizables de protección. El resultado, un mayor margen de maniobra para la detección y posterior actuación en caso de que el ordenamiento resulte vulnerado. Al mismo tiempo se amplía la fecha de caducidad de los expedientes sancionadores, aumentando el plazo de tramitación de los actuales diez meses a un año. Las faltas cometidas en zonas verdes y espacios libres, por su parte, continuarán siendo imprescriptibles. Por ello, concluyen desde la Consejería, la modificación prevista supondrá “todo lo contrario” a los pretendidos supuestos de descontrol e inseguridad jurídica dibujados por sus detractores. O lo que es lo mismo, “más garantías”.
Junto al Proyecto de Ley para un Desarrollo Equilibrado en materia de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se han impulsado otras dos normas “para avanzar en un modelo productivo que aproveche al máximo los recursos y reduzca los residuos, aumentar la oferta de vivienda y seguir avanzando hacia los objetivos de descarbonización y digitalización, garantizar el relevo generacional del sector primario y combatir la despoblación en las zonas rurales”. Por un lado, la nueva Ley de Economía Circular, orientada hacia el “vertido cero” y el “empleo verde”, que entró en vigor en abril. Por otro, la Ley de Medidas Urbanísticas que “promocionará la vivienda protegida” y “transformará las oficinas en pisos de alquiler a precio asequible”.
Balance del primer año de Legislatura
La reunión con los periodistas en Alcalá 16 también ha servido a Carlos Novillo para hacer balance del primer año de gestión al frente de la consejería. En el punto de mira asuntos por los que sacar pecho, tales como el “éxito” del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales (INFOMA), que ha conseguido reducir en más del 60 por ciento los fuegos declarados a lo largo del último año. La campaña actual, ha añadido, “continúa la misma línea”, con tan solo 75 incendios registrados hasta la fecha, de los que 61, hasta un 81 por ciento, se han quedado en meros conatos. Unas cifras a las que añadir el récord histórico de intervenciones por parte del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad, más de 19.000. En pleno mes de julio, cuando arranca el periodo de "riesgo extremo" de incendios forestales, la vigilancia se estrecha aún más.
"Utilizamos cada gota de agua como si fuera la última"
El aprovechamiento de los recursos hídricos disponibles en la región, apoyado, sobre todo, en la reducción de las pérdidas de agua –de actualmente apenas un cuatro por ciento– y el empleo de agua regenerada en industria y riego para parques y jardines, es otro de los elementos clave en la ecuación. "Utilizamos cada gota de agua como si fuera la última", ha apostillado el consejero. Prueba de ello son los 2.000 millones que el Gobierno madrileño prevé invertir en el Canal de Isabel II a lo largo del próximo lustro. Entre los principales cometidos se encuentran garantizar la continuidad del abastecimiento, renovar las redes de suministro y mejorar los depósitos e infraestructuras destinadas a la captación, tales como los tanques de tormentas. Un escenario que permitirá afrontar en la mejor disposición posible fenómenos extremos cada vez más comunes. Fundamentalmente sequías e inundaciones.
No todo es, sin embargo, color de rosa para Novillo. En el apartado de disputas frente al Gobierno central, una tónica habitual en las relaciones entre ambos niveles de la administración, continúa abierta la brecha popularmente conocida como 'guerra de la energía'. El protagonismo en este nuevo capítulo recae sobre los “incumplimientos” denunciados por la Comunidad en cuanto a la convocatoria del programa MOVES IV de ayudas a la movilidad eléctrica. Una iniciativa financiada con fondos europeos y de la que Madrid afirma haber concedido ya hasta el 89 por ciento, 30 puntos por encima de la media nacional, en su tercera edición. El resultado no es otro que un desajuste entre la oferta y la demanda que habría obligado a Sol a solicitar 63 millones adicionales a La Moncloa para “cubrir la lista de espera actual y adelantarse a las previsiones hasta final de año”.
La probable negativa a la ampliación del Parque Nacional del Guadarrama por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez es otra de las cuestiones que avivan el vasto historial de desencuentros con el Ejecutivo regional. Aunque la Comunidad solicitó hace meses incluir bajo el abrigo de este especial grado de protección un terreno equivalente a 3.000 hectáreas, suma de varias fincas próximas al Monasterio de El Paular, lo que permitiría acercar el parque al valle del Lozoya, el proyecto parece cada vez más lejano. Sin pronunciamiento oficial al respecto, y es que los técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico continúan analizando el caso, el propio Novillo se ha atrevido a vaticinar que “en principio solo nos ofrecerán incluir una pequeña parte de esa parcela”. El motivo, ha zanjado, la intención del Gobierno de continuar con la explotación maderera en el monte Cabeza de Hierro.
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