Ayuso, su jefe de gabinete y la libertad de prensa, protagonistas de un Pleno caliente en la Asamblea

El enésimo capítulo en el culebrón que bebe del presunto fraude fiscal protagonizado por la actual pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, copará, salvo giro inesperado de guion, la sesión de control al Gobierno que abre el Pleno de este jueves en la Asamblea de Vallecas. De la investigación por parte de la Agencia Tributaria y sus posibles repercusiones –éticas, morales, políticas o penales– se ha pasado, en apenas una semana, a un escándalo político y mediático de primer orden, con el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), como epicentro y que, además de llevar a las principales fuerzas de la oposición, Más Madrid y PSOE-M, a exigir la dimisión de la máxima mandataria regional, ha reavivado el debate en torno a la libertad de prensa y su labor de fiscalización al Ejecutivo.

A la polémica discusión, tildada por muchos de “amenaza”, “extorsión” y “censura”, con la autora de las primeras informaciones sobre González Amador, Esther Palomera, sobre las espaldas de MAR se suman ahora las últimas noticias publicadas por diversos medios de comunicación próximos al Partido Popular y que apuntan a reporteros de El País y elDiario.es como “asaltantes encapuchados” responsables del “acoso” al que, de acuerdo con el relato oficial, estaría siendo sometida Díaz Ayuso a las mismas puertas de su casa. Todo ello, claro, enmarcado en la “salvaje persecución” puesta en marcha por “la maquinaria del Estado”. O lo que es lo mismo, por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Tales acusaciones serían, en cualquier caso, rápidamente desmentidas por la dirección de ambos periódicos. Asimismo, sus editores no dudarían un ápice en señalar al propio MAR como autor de unos “bulos”, con nombres, apellidos y fotografías incluidas, filtrados de manera intencional a través de un chat grupal en WhatsApp y cuyo objetivo último no es otro que “amedrentar” a los periodistas que desempeñan su labor en la esfera política de la Comunidad de Madrid. “Acusarnos de asaltar viviendas de forma violenta y encapuchados, como si en vez de un periódico fuéramos un grupo terrorista, es lo último que me podía imaginar que viviría como director de elDiario.es”, ha defendido Ignacio Escolar en su editorial del miércoles.

"Contra Ayuso, todo vale"

Rostros conocidos de la política madrileña, como el diputado y secretario general de los Populares en la región, Alfonso Serrano, tampoco tardarían en hacerse eco del caso, aunque para defender los argumentos esgrimidos por su jefe de gabinete. “Periodistas acosando a vecinos, niños incluidos. Periodistas tapados tratando de colarse en casas ajenas. Está pasando. Contra Ayuso todo vale. Pero oye, la salud de la democracia y la libertad de expresión está en una bronca de WhatsApp”, apuntaba a través de su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

El también diputado, además de portavoz del Ejecutivo y consejero de Presidencia Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, se mostraría algo más comedido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de esta semana. “Hasta donde yo sé, las personas que han estado en las inmediaciones de la casa de la presidenta para hablar con vecinos y comerciantes son los que se han identificado como periodistas. No tenemos más que decir sobre esta cuestión (…). El respeto a la libertad de prensa no lo van a encontrar más claro en ningún otro Gobierno que en el de la Comunidad de Madrid. Contestamos a todas las preguntas y no vetamos a ningún medio de comunicación” respondía para eludir su posicionamiento en torno a la controvertida actuación de MAR.

García Martín sí se mojaría, no obstante, sobre la necesidad de velar por la “intimidad” y el “anonimato” del entorno personal y la vida privada de los cargos públicos. Una “línea roja” que se habría superado, al menos a su parecer, en esta ocasión y de la que deriva la petición formal al Ministerio del Interior para el establecimiento de un especial celo en el grado de protección sobre la figura de Díaz Ayuso: “La presidenta tiene derecho a poder disfrutar de su vida privada sin ser acosada en su domicilio”.

"Es la gota que colma el vaso"

Pese a la defensa, a capa y espada, de sus hombres de confianza, el descontento de la sociedad madrileña con los presuntos casos de corrupción que rodean a la mandataria y, más aún, las prácticas de su jefe de gabinete, motivaron a la asociación La Plaza para organizar una movilización frente a Génova 13, sede nacional del PP, para exigir la dimisión de Ayuso. "Tras el caso Avalmadrid por el que se perdonaron 311.000 euros al padre de la presidenta, tras el caso Mascarillas por el que el hermano de Ayuso cobró 230.000 euros en comisiones con la venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid, tras el fraude a Hacienda de 350.000 euros y los dos millones de euros cobrados por parte del actual novio de la presidenta en comisiones por la venta de material sanitario durante la pandemia o tras intentar hacer negocio con vacunas contra la COVID-19, consideramos que esta es la gota que colma el vaso en los escándalos de Ayuso tras cuatro años de gobierno", explicaron los convocantes en un comunicado. De acuerdo con las cifras ofrecidas por Delegación de Gobierno, a la cita acudieron hasta 800 manifestantes.

Más Madrid, en defensa de la “libertad de prensa”

Al hilo de lo ocurrido en las últimas horas, la formación que encabeza la oposición en Entrevías, Más Madrid, ha presentado distintas iniciativas para que hasta cuatro cargos de la máxima confianza de Díaz Ayuso, además del propio MAR, comparezcan en el Parlamento autonómico. Se trata, en concreto, del ya mentado consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, su homólogo en Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, la directora general de Medios, Cristina Gil, y el director general de Seguridad, Luis Miguel González Morato. En cualquier caso, dado que el Grupo Parlamentario Popular goza de mayoría absoluta en la Cámara, no resulta previsible que ninguna de estas medidas salga finalmente adelante.

Los de Manuela Bergerot han propuesto asimismo la lectura de una declaración institucional, apoyada por unanimidad por el resto de grupos de la Cámara, en defensa de la libertad de prensa: “Ante quienes usan la presidencia de la Comunidad de Madrid para amenazar, difundir bulos y señalar a medios de comunicación, nosotros impulsamos esta declaración institucional para que la Asamblea arrope a los profesionales de la prensa y se manifieste claramente a favor de la libertad de prensa (…). Estas actitudes de matón de patio de colegio son inadmisibles. Alguien que amedrenta a los periodistas no puede seguir cobrando ni un euro de dinero público. El Partido Popular tiene que elegir si se suma a esta declaración a favor del respeto al trabajo periodístico o se pone del lado de las prácticas intimidatorias de Miguel Ángel Rodríguez, hasta ahora apoyadas por la presidenta”.