Ayuso denuncia una “persecución salvaje” a su pareja para “destruirme” y “tapar” la Amnistía

Segundo capítulo en la polémica investigación fiscal a Alberto González, pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso. Tras darse a conocer los cobros, por valor de dos millones de euros, derivados de su mediación en la compraventa de material sanitario durante los meses más duros de la pandemia, la matinal del miércoles arrancaba, como cabía esperar, con tensión en el hemiciclo del Congreso de los Diputados. Un cruce de declaraciones, enmarcado en la Sesión de Control, entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que exigía la dimisión de la jefa del Ejecutivo madrileño, y el líder de la oposición nacional, Alberto Núñez-Feijóo, que contraatacaba con el 'Caso Koldo'.

La respuesta de Díaz Ayuso no se haría esperar. Una “inspección fiscal salvaje”, tornada en “persecución política”, para “hacerme daño a mí”, intentar “destruirme” y, de paso, “tapar” la amnistía, tildada como “la Ley más corrupta de la democracia” y que será previsiblemente aprobada este mismo jueves en sede parlamentaria. Así ha definido la máxima mandataria regional la “turbia” y “sospechosa” campaña mediática orquestada por “los poderes del Estado” contra “un particular”, su pareja. Un relato apoyado por “el hecho de que todos los medios salieran en tromba, a la misma hora y con los mismos argumentos” por orden de La Moncloa.

"Son los poderes del Estado contra un particular"

“Pedro Sánchez está asentado en la corrupción política y económica y eso no lo va a poder tapar (…). Le noto muy nervioso. Relájese, señor Sánchez. Tal vez necesite unas vacaciones en la República Dominicana. Como sabe, hay vuelo directo”, ha lanzado contundente la presidenta durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado este miércoles, de manera excepcional y por primera vez en la historia, desde el Ayuntamiento de Leganés.

Lejos de adeudar nada al fisco, ha añadido, sería la propia administración quien debería a su novio un montante superior al medio millón de euros. “No le debe nada a Hacienda. Es Hacienda quien le debe 600.000 euros por intereses. Se trata de una inspección sacada de quicio. No hay ninguna trama ni sociedades pantalla. Es un ciudadano particular que está siendo asediado por los poderes del Estado por ser mi pareja. ¿Hablaríamos de esto si no fuera mi pareja?”, ha reflexionado a continuación.

Las acusaciones contra su persona por haberse lucrado de un piso y un coche -un Maserati- adquiridos, presuntamente, con dinero procedente de un fraude fiscal, resultarían asimismo infundadas: “Llevo viviendo de alquiler casi 20 años, también siendo presidenta. Ahora vivo acompañando a mi pareja. Soy libre de subirme en ese coche y de meterme en esa cama. Otra cosa sería si mi cargo o el dinero de los contribuyentes se hubiese empleado para conseguirlo. (…). He cometido el error de comenzar una relación con 45 años y no con 20. El pecado de vivir con una persona a la que le va mejor económicamente que a mí”.

“Soy libre de subirme en ese coche y de meterme en esa cama”

“No es un piso de un millón de euros. No es mío y es legal. Todo en 'A'. A diferencia de tantos políticos del PSOE, a mí los ciudadanos no me pagan la vivienda, ni la peluquería, ni el jardinero, ni la limpieza... No hemos ido a pagar el piso con rulos. Está hipotecado. Cuando Hacienda le pague lo que le debe, a lo mejor se lo compra (…) Mi padre murió siendo un hombre honrado, mi madre no ha dado ningún pelotazo, con mis expareja no tengo relación, mi hermano es un comercial, como tantos otros, y mi pareja no está en ninguna trama.”, ha zanjado Díaz Ayuso.

Entre medias, Más Madrid registraba en la Asamblea de Vallecas una comisión de investigación encaminada a dilucidar el presunto fraude fiscal, por valor de 351.000 euros, protagonizado por el novio de la mandataria. El recorrido de la iniciativa será, en cualquier caso, limitado, y es que el portavoz del Partido Popular -que goza de mayoría absoluta en la Cámara-, Carlos Díaz-Pache, ha avanzado ya la intención de su grupo de no apoyarla: "Solo faltaría que la Asamblea de Madrid se pusiera a investigar a particulares"