Buenas noticias para los afectados por el síndrome tóxico, más conocidos como las víctimas del aceite de colza: sus medicamentos seguirán, por el momento, financiados. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid ha reanudado las conversaciones con la Consejería de Sanidad después de que este martes lanzara un ultimátum a la Administración local, que acumula una deuda de casi siete millones de euros con las farmacias madrileñas: ante esta "insostenible" situación financiera, los farmacéuticos empezarían a repercutir el precio de las recetas a los pacientes. Sin embargo, el toque de atención ha surtido efecto y, según informa este miércoles el COFM en un comunicado, se han reanudado las conversaciones con Sanidad "con el fin de llegar a un solución favorable para todos".
La Consejería, continúa el escrito, "está realizando todo lo que está en su mano para resolver, de una vez, la competencia del pago de los medicamentos financiados por el Sistema Público". Por eso, los farmacéuticos "desactivan la fecha del 1 de julio para comenzar a cobrar los medicamentos que se dispensen a dichos pacientes y facilitarles un ticket de caja de comprobante de lo dispensado para que puedan solicitar su reintegro a la Administración".
Cambio de competencias
En la misma línea de consenso y llamada a la tranquilidad, fuentes de la Consejería de Sanidad ha asegurado en declaraciones a este digital que se trata un problema "puramente administrativo", que permanecen "en estrecha colaboración" con el COFM y que en ningún caso se va a trasladar el pago a los pacientes. "Van a seguir recibiendo su tratamiento como hasta ahora", insisten. Estas mismas fuentes aseguran que la problemática viene dada porque, en 2017, cuando el Gobierno central decidió trasladar a las Comunidades autónomas la competencia sobre el pago de estos medicamentos, lo hizo mediante una carta que la Comunidad de Madrid entendió como "meramente informativa".
Por eso, la Consejería madrileña no asumió las facturas a partir de enero de 2018, tal y como se pretendía desde Moncloa. "La Administración General del Estado debe abrir el caude administrativo adecuado", demandan desde Sanidad, y aseguran que, cuando se formalice, realizarán el pago de esa deuda de 6.976.539,89 euros a las farmacias, a razón de unos 600.000 euros al mes.
Por su parte, desde la Plataforma Síndrome Tóxico, que aglutina a las víctimas de esta intoxicación masiva ocurrida en 1981 -la mayor en España hasta la fecha-, celebran la noticia, ya que consideran "inasumible" para muchos de los afectados el pago de los 200 euros mensuales que suponen estas medicinas, vitales para las secuelas que aún arrastran. El síndrome tóxico, producido por un aceite de colza industrial que se comercializó de forma fraudulenta para consumo humano, afectó a unas 20.000 personas, 10.000 de ellas, en la Comunidad de Madrid.
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