Rosalía Gonzalo admite haber usado uno de sus privilegios como diputada en la Asamblea regional para acudir a la concentración anti Pedro Sánchez del domingo. Recuerda a los taxistas que lo han contado que se han saltado la privacidad de la Cámara regional y apela a las condiciones del contrato público para defender la legalidad de su acto.
Usar dinero público para acudir a un acto personal, de partido, y no institucional. Eso es lo que ha hecho este domingo la consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, que usó el bono de que dispone como diputada de la Asamblea para asistir a la manifestación en Colón convocada por PP, Ciudadanos y Vox en contra del Gobierno de Pedro Sánchez.
Así lo ha admitido ella misma este lunes tras la reunión del Comité Madrileño de Transportes por Carretera que ha terminado sin acuerdo con los taxistas ni con los conductores de VTC ni los Ayuntamientos. Gonzalo ha reconocido que sí fue en taxi -pagado por la Asamblea- a la concentración "por la unidad de España" y que pedía "elecciones anticipadas", pero no hizo ningún tipo de autocrítica.
Es más, amenazó a los taxistas que distribuyeron la noticia por haberse saltado la privacidad propia que debe acompañar al sector. "Están sujetos a la protección de datos comprometida con la Asamblea", recordó una y otra vez instando a la Cámara parlamentaria a "manifestarse" al respecto.
En cuanto al hecho en sí, no quiso valorar la posible incorrección de sus actos ni respondió sobre si devolverá o no ese dinero. "Todos los diputados tenemos un servicio de taxi", se limitó a contestar.
Respecto a la legalidad del asunto, se acogió a la normativa que regula dicho contrato público para no dar más detalles al respecto. "En los pliegos de condiciones tienen el régimen de contratación", concluyó.
En efecto, todos los diputados disponen de un bono-taxi cuyo límite son 1.500 euros al año. En el contrato no se especifica si pueden usarlos para fines personales o sólo para acudir a actos relacionados con su labor como diputada. Inés Sabanés, exparlamentaria ahora concejal del Ayuntamiento, lo tiene claro: "Se supone que son para actividades parlamentarias, aunque no haya normas que lo digan...".