El vicepresidente, Pedro Rollán, valora la buena sintonía de la reunión mantenida hoy por todas las administraciones que han llegado a un acuerdo para mejorar la comunicación entre ellas y ofrecer soluciones a las familias especialmente vulnerables que sean desalojadas. Se pondrá especial atención a los casos de lanzamientos por impago de alquiler, que ya suponen casi el 80% de los desahucios.
No se acabará con los desahucios, pero sí se ofrecerán soluciones a las familias más vulnerables que se encuentren en esa situación. Esa es la conclusión a la que este miércoles han llegado todas las administraciones que, a instancias de la Delegación del Gobierno en Madrid, se han reunido para debatir al respecto.
De la 'cumbre', a la que han asistido el propio José Manuel Rodríguez Uribes y representantes del Gobierno de la Comunidad, el Ayuntamiento de Madrid, la Federación de Municipios, del Poder Judicial y del Ejecutivo central, se ha extraído un acuerdo que mejorará la comunicación entre todos ellos. Éste era, precisamente, el objetivo principal del encuentro con el fin de acabar con los casos más dramáticos en los que los afectados no conocen las opciones de ayuda social de que disponen tras ser desalojados.
El vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Pedro Rollán, ha anunciado al término de la reunión que la Comunidad firmará un convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial para la "detección precoz" de lanzamientos. "Se trata de crear un sistema de detección, una alerta previa para que las administraciones públicas -también los Ayuntamientos- podamos poner acciones preventivas encima de la mesa", explicó el número dos de Ángel Garrido.
Es decir, a partir de que se firme dicho acuerdo, los jueces se comprometen a avisar a los poderes ejecutivos de cuándo ordenan un lanzamiento con el fin de que las distintas administraciones alerten de en qué situación socioeconómica se encuentra la familia en cuestión.
En caso de tratarse de personas en situación de especial vulnerabilidad (familias numerosas, con hijos menores de tres años, con miembros discapacitados o dependientes o víctimas de violencia de género, entre otras), la Comunidad o el Ayuntamiento correspondiente pondrá a su disposición los recursos de emergencia social a los que pueden acogerse.
En el caso de las dependencias autonómicas se encuentran el parque de viviendas sociales -150 cada año- o la aminoración de las rentas, entre otras medidas. Según Rollán, se trata de poner especial atención a los casos de desahucios por impagos del alquiler, que ya suponen casi el 80% de los mismos. En total, se producen casi tres desahucios al día en la Comunidad. "Se trata de que los juzgados se pongan en contacto con las administraciones públicas para que nosotros podamos poner acciones preventivas también", concluyó.
Para el correcto funcionamiento de la coordinación entre todos los departamentos implicados se realizarán comisiones de seguimiento periódicamente.
Tras el encuentro, la Federación de Municipios ha mostrado su "alegría alegría y predisposición" para que se materialice cuanto antes este acuerdo. "Creemos que absolutamente importante, que muchas personas que quedan en completo abandono después de un proceso de desahucio, tengan una salida coordinada entre todas las administraciones", han asegurado en un comunicado, en el que señalan que es "necesario analizar la realidad social y poblacional en la Comunidad de Madrid, ya que más del 60% de los municipios tienen mancomunados los servicios sociales". "Es imprescindible la coordinación en este sentido", concluyen.
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