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La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid lamenta que no se cuente con sus reclamaciones en la reunión de la Administración. (Imagen de archivo)
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La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid lamenta que no se cuente con sus reclamaciones en la reunión de la Administración. (Imagen de archivo) (Foto: Kike Rincón)

Casi tres desahucios al día: primer paso de la Administración para poner fin al drama

miércoles 06 de febrero de 2019, 07:41h

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, ha convocado a la Comunidad, el Ayuntamiento de Madrid, la Federación de Municipios y representantes del Poder Judicial y del Ejecutivo central para buscar medidas que permitan evitar los desalojos de, al menos, las familias más desfavorecidas. El objetivo es, en principio, mejorar la coordinación entre todos los implicados para que no se expulse de sus casas a los más vulnerables. La PAH lamenta que no cuenten con ellos para escuchar sus propuestas.

Casi tres desahucios al día. Esa es la triste realidad que se produce en la Comunidad de Madrid, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero este miércoles la Administración dará el primer paso para intentar poner fin a este drama social, al menos, en los casos de las familias más desfavorecidas.

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, ha convocado al Gobierno de la Comunidad, el Ayuntamiento de Madrid, la Federación de Municipios y representantes del Poder Judicial y del Ejecutivo central para buscar medidas que permitan evitar los desalojos de los más vulnerables o, al menos, que éstos no sean tan traumáticos. Para empezar, el objetivo es mejorar la coordinación de todos los departamentos implicados a la hora de ordenar un lanzamiento.

Madrid fue la cuarta Comunidad -detrás de Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana- que más lanzamientos ejecutó en el segundo trimestre de 2018. En total fueron 1.878, de los que 1,467 (el 78,11%) fueron consecuencia de "procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos". Es decir, los desahucios de pisos de alquiler suponen casi el 80% del total en una Comunidad -la tercera- donde los precios no paran de subir -un 14,9% en el último año, según un informe de Fotocasa-.

Desahucios del último trimestre de 2018. La barra azul corresponde a ejecuciones hipotecarias; la amarilla, a lanzamientos por impago de alquiler. CGPJ

Los afectados, vetados

En cualquier caso, son cifras oficiales y frías que los perjudicados ven con otros ojos. "Sólo en Madrid capital se producen más de una quincena de visitas de comisiones judiciales y policías para amenazar o directamente echar a la calle a las familias", denuncia el coportavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid, Luis Chamarro. "Y cada visita es un acto de terror", relata.

Sin embargo, ellos no han sido invitados a la reunión institucional que se celebrará hoy a partir de las 12.00 horas. "Somos un frente pequeño de afectados, no somos activistas ligados a ningún partido político, somos un grupo incómodo porque no estamos dispuestos a ceder vivos nuestras viviendas y no somos manipulables", opina Chamarro, que recuerda también los "17.000 suicidios por causas económicas" en España en los últimos 10 años.

"Nos hemos hartado de pedir reuniones con unos y con otros. Pero a día de hoy ya casi ni nos preocupa porque no nos llevan a ninguna parte", lamenta. Mientras políticos y jueces se reúnen, ellos estarán "en la calle" intentando paralizar dos desahucios previstos en la región. Aun así, siguen con sus peticiones al Congreso para que se incluya la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia en la ley prometida por el Gobierno central para regular el derecho a la defensa, se legisle para congelar alquileres o municipalizar el suelo urbano, entre otras cuestiones.

Todas ellas, medidas que no se prevé que se vayan a debatir en la 'cumbre antidesahucios' de este miércoles, en la que se busca, según las fuentes consultadas, una primera toma de contacto para mejorar la coordinación entre todos los actores (institucionales y judiciales) implicados en este drama social. Más allá de la polémica abierta hace unas semanas por las declaraciones de Uribes instando a la Policía Nacional a no acudir a ningún desalojo o de las mejoras en la ley de alquiler que finalmente Pedro Sánchez no pudo aprobar en la Cámara baja, la misión hoy es analizar los fallos y buscar soluciones.

Falta de comunicación

"Fallan las comunicaciones entre administraciones y entre administraciones y poder judicial. Muchas veces no sabemos que va a haber un desahucio", explican fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid. Es decir, existen casos en los que un juzgado emite la orden de lanzamiento de una familia y la Administración -central, autonómica o local- no lo sabe. O al revés: los jueces no saben la situación socioeconómica de los afectados en cuestión, produciéndose casos especialmente trágicos.

Por ello, el primer punto de atención son los más vulnerables: familias numerosas, con hijos menores de tres años, con miembros discapacitados o dependientes o víctimas de violencia de género son algunos de los colectivos considerados de riesgo extremo.

Unos colectivos que, según el Gobierno regional, ya están siendo atendidos. "Hemos duplicado la entrega de vivienda social, concedido ayudas al alquiler a las familias con las rentas más bajas y bonificado el pago del IBI", enumeran en el equipo de Ángel Garrido. Aun así, no lo dan todo por hecho ni pretenden buscar enfrentamientos: "Se trata de aunar esfuerzos", concluyen.

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