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El último desalojo paralizado de La Ingobernable se produjo en el mes de junio.
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El último desalojo paralizado de La Ingobernable se produjo en el mes de junio. (Foto: Kike Rincón)

El PP ve prevaricación en el no desalojo de La Ingobernable

miércoles 26 de septiembre de 2018, 13:31h
Para el edil popular Percival Manglano, la permanencia de los okupas de La Ingobernable, que "deberían haber sido desalojados", encierra un "claro indicio de prevaricación".

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid considera que hay "claros indicios de prevaricación" en el Gobierno municipal al no desalojar a los 'okupas' de La Ingobernable instalados en el número 39 de la calle Gobernador.

"Hay un edificio del Ayuntamiento usurpado por okupas, que son La Ingobernable, y hay claros indicios de prevaricación por el gobierno municipal; deberían haber sido desalojados, ¿por qué no lo han sido?", ha preguntado el edil 'popular' Percival Manglano al director de la Oficina Anticorrupción, Carlos Granados.

También le ha hecho llegar a Granados que "desde hace años se desarrolla una red clientelar" mediante la que "se dirigen recursos públicos a organizaciones afines, y esto cobra el sentido de que Carmena se va a presentar a la reelección".

Tras la intervención en el Pleno de Granados para dar cuenta de la labor llevada a cabo en la Oficina, Manglano ha asegurado que fue "inadmitida" una pregunta del Grupo sobre los primeros nueve meses de la Oficina tras el nombramiento de Carlos Granados como su director. "Lo que pasó es que no quieren que el señor Granados comparezca en comisión. Tuvieron que inventarse una excusa, que fue el artículo 37 del reglamento de la Oficina Antifraude, pero descubrieron que ese artículo dice que el director ha de comparecer cada 6 meses", ha explicado.

Por ello ha preguntado al director si "considera que debe ser controlado por la oposición en la comisión de transparencia". "Yo creo que sí, no veo ninguna razón por la que no deba comparecer ante la comisión en ejercicio de un control democrático básico", ha apuntado Percival Manglano.

El edil también ha requerido al director de la Oficina sobre la función concreta de su trabajo, el modo de recibir las denuncias y cómo se coordina con la intervención general. "He echado de menos la defensa de los valores constitucionales ahora en su puesto. Se han olvidado de decir, y es que hubo unas medidas cautelares y los argumentos que usamos nosotros fueron los mismos que aparecieron en ese auto de medidas cautelares. Respetamos las sentencias judiciales. Esto lo hacemos contrariamente al grupo que lo ha elegido", le ha indicado.

Ocho denuncias

Durante su comparecencia, Granados ha dado cuenta de que la Oficina Antifraude ha empezado a recibir denuncias, un total de ocho. Para poder ponerla en marcha plenamente se necesita activar el preceptivo registro, con su programa. La semana pasada ya se incorporó una funcionaria encargada de la oficina auxiliar y un consejero técnico. Trabajan provisionalmente con una hoja de excel donde se registran las denuncias, enmarcadas en el sigilo y confidencialidad necesarias, para iniciar su tramitación.

También ha relatado las acciones llevadas a cabo desde la constitución de este órgano, entre las que ha incluido la elaboración de un mapa de riesgos para el Ayuntamiento de Madrid. Entre ellos advierte de la promoción de contratos innecesarios y de la necesidad de estar alerta ante bajas temerarias.

Granados ha aclarado que la Oficina no puede 'pisar' las funciones de inspección que tiene la autoridad judicial o la policía judicial. De comprobar la existencia de prácticas supuestamente corruptas serían remitidas al órgano competente. "No coincido (con PP y CS) en que no esté operativa. Lo está en prevención en la lucha contra la corrupción, que es su ADN. La investigación es importante pero la Oficina no es un juzgado ni la fiscalía", ha remarcado.

La Oficina emitirá informes sobre las limitaciones en las actividades privadas tras el cese de concejales, ha avanzado. En el mapa de riesgos, Granados ha advertido de los que se pueden encontrar en el sentido de promover contratos innecesarios, no justificados; apostar por formas de contratación que limiten la libre competencia; la existencia de riesgos de filtración de información privilegiada; si se autorizan pagos irregulares; si no se exigen responsabilidades en el caso de incumplimientos contractuales.

Además el Ayuntamiento debe estar alerta en los contratos menores para que no se adjudiquen a un mismo adjudicatario aunque con sociedades distintas. Aconseja además sobre la "preocupante proliferación de casas de juego cerca de colegios" y que la Agencia Tributaria dé a conocer lo que no ingresa indebidamente, junto todo lo que tiene que ver con la caducidad de licencias y con las expropiaciones.

El director ha hecho un repaso por las acciones realizadas, como las formativas, más de 70, con todos los portavoces de la oposición, los delegados de áreas, concejales-presidentes de distrito, con el gerente de la ciudad, con el coordinador de Alcaldía, con los sindicatos... También se ha reunido con representantes de las oficinas análogas en Cataluña y Comunidad Valenciana, además del puesto en marcha en Barcelona.

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