La Asamblea de Madrid ha rechazado este jueves la tramitación de la Proposición de Ley de Podemos para la creación de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad de Madrid, con los votos en contra de PP y la abstención de PSOE y Ciudadanos.
Esta agencia se quería crear para "prevenir y erradicar" el fraude y la corrupción de las instituciones públicas madrileñas y para el impulso de la integridad y la ética pública. Con ella se buscaba también prevenir e investigar posibles casos de uso o destino irregular de fondos públicos y de conductas opuestas a la integridad o contrarias a los principios de objetividad, eficacia y sumisión plena a la ley y al derecho.
Fondos públicos
Además, tenía como objetivo alertar con relación a conductas del personal al servicio de las entidades públicas que comporten el uso o abuso en beneficio privado de informaciones que tengan por razón de sus funciones o que tengan o puedan tener como resultado el uso o destino irregular de fondos públicos o de cualquier otro aprovechamiento contrario al ordenamiento jurídico.
Asimismo, se planteaba hacer estudios y análisis de riesgos previos en actividades relacionadas con la contratación administrativa, la prestación de servicios públicos, las ayudas o las subvenciones públicas y los procedimientos de toma de decisiones, en colaboración con los servicios de auditoría o intervención.
El texto recogía también que se pudieran investigar los actos o las omisiones que pudieran ser constitutivos de infracción administrativa, disciplinaria o penal y, en función de los resultados de la investigación, instar la incoación de los procedimientos que corresponda para depurar las responsabilidades que pudieran corresponder.
Medio millar de imputados
El diputado de Podemos Miguel Ongil ha indicado que han traído a la Cámara regional esta normativa ante la constatación de que la corrupción "ha sido un problema endémico y sistémico" en la Comunidad y necesita "medias integrales" después de "lo que han dejado 23 años de gobiernos del PP".
"Hemos visto como no queda ni una sola Consejería que no haya sido investigada o de la que no haya investigado, cuando son 480 imputados entre el caso Lezo, la Púnica y la Gürtel y hemos visto como en esta legislatura, que continúan con los mismos procedimientos de contratación que facilitan estos casos", ha lamentado Ongil.
Esta normativa es la misma, según Ongil, que la ley valenciana, por lo que no ha entendido que los votos en contra de los partidos que allí sí votaron a favor y que
Por su parte, la diputada de Ciudadanos Dolores González Pastor ha replicado que esa normativa que se aprobó "por consenso".
El diputado socialista Diego Cruz también le ha echado en cara a Podemos que registran esta normativa sin haberlo consensuado antes con los grupos y que se llevaran la "sorpresa" en registro del Parlamento madrileño.
Por su parte, el parlamentario 'popular' Alfonso Serrano ha indicado a la formación morada que catedráticos en Valencia les dijeron que es "una agencia que no tiene consideración de un órgano estatuario y que no regula los derechos de los investigados".
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