Dos jóvenes de 18 y 24 años perdían la vida en un accidente de tráfico el 8 de enero de 2017 a la altura del municipio madrileño de Ribatejada. El informe oficial atribuye el percance a la velocidad inadecuada de la motocicleta y a la falta de experiencia del conductor. Sin embargo, el padre de este señala otros posibles culpables, además de un "interés en tapar lo que ocurrió en realidad". En concreto, apunta hacia un vehículo que se vio involucrado en el suceso cuya pareja ocupante fue interrogada como testigo, pero no como implicada directa.
En su declaración, la mujer asegura estar al volante en el momento en que una motocicleta que circulaba "por el centro de la calzada" invade "con el cuerpo de sus ocupantes" su carril antes de "tumbar la moto para evitar una salida de la vía". Según Rafael Moral, padre de una de las víctimas, este testimonio se contradice "al cien por cien" con un segundo interrogatorio, en el que la mujer ya no considera el cambio de rasante existente como el punto conflictivo, sino que afirma que ambos vehículos "se cruzan en otro punto y más tarde ven cómo caen y se acercan a socorrerlos".
No obstante, este padre coraje hace hincapié en las explicaciones de una testigo que llegó al lugar de los hechos segundos más tarde. En su interrogatorio, menciona "a un conductor hombre", explica el progenitor, residente en la misma localidad que el acusado y conocedor de que "no tiene carnet de conducir".
La declaración de la testigo, después del cierre del caso
Moral no da crédito ante las "deficiencias en la realización de diligencias y actuación de los instructores" y, por ello, ha presentado un recurso en contra de la negativa judicial a la reapertura del caso. Asimismo, también envió el pasado año dos escritos a la Unidad Central de Quejas y Sugerencias del Ministerio del Interior en los que relata las "irregularidades" que, a su juicio, se cometieron en la investigación.
Cita así que los ocupantes del coche "no fueron sometidos a tests de alcoholemia y drogas", el atestado "no aclara la velocidad a la que circulaba la moto" y niega que haya marcas de frenado "que los peritos del seguro sí encontraron". Tampoco se "especifica la ubicación del turismo" en el momento del accidente. El padre también se pregunta por qué si el informe 24 horas se realizó el 9 de enero la declaración de la "supuesta conductora" no llegó a la jueza hasta "43 días después", cuando el caso ya había sido cerrado.
Insiste en que los que él cree culpables "se han ido de rositas" y en que llevará su reivindicación y otras pruebas "contundentes" a la Audiencia Provincial si es necesario.