Un manifiesto firmado por el exalcalde de Getafe, Pedro Castro, y otros concejales de su Gobierno que participaron en la constitución de la Empresa Municipal de Limpiezas en 1997 pide a la actual regidora, Sara Hernández, que no confunda "firmeza con insensibilidad" y que recapacite por la decisión "implacable e injusta" que supuso el despido de 26 trabajadores de la Empresa Municipal de Limpiezas hace más de un año por supuestamente utilizar indebidamente unas ayudas sociales previstas en el convenio colectivo de la empresa.
Hace más de un año, el Ayuntamiento de Getafe, dirigido por la socialista Sara Hernández,
despidió a 26 trabajadores de la Empresa Municipal de Limpieza (LYMA) por, supuestamente,
utilizar indebidamente unas ayudas sociales previstas en el convenio colectivo de la empresa.
Desde entonces, casi todos ellos han recurrido la rescisión de su contrato en los tribunales. Eso sí, según fuentes del Ayuntamiento,
la Justicia le ha dado la razón al Consistorio en 16 de las 22 sentencias emitidas -todavía quedan dos juicios por resolverse-.
En muchos de esos fallos, los trabajadores protestaban por la "
desproporción en la sanción", algo que señala también ahora, en un manifiesto al que ha tenido acceso
Madridiario, la cúpula socialista que municipalizó el servicio de limpieza en 1997.
Pedro Castro,
Gregorio Gordo, Juan Manuel Vel
a, Alfonso Carmona y
Antonio Suárez -alcalde, primer teniente de alcalde y concejales del gobierno que constituyeron la LYMA-,
cargan duramente contra la regidora actual por la decisión tomada, que fue "implacable e injusta".
En el texto señalan que muchos de estos trabajadores "
ya están en exclusión social, han perdido sus viviendas y tienen que acudir a organizaciones sociales para poder comer y vestir". De igual forma, hacen alusión a los "valores" que suponen "ser de izquierdas": "Optar por los pobres, indignarse ante la exclusión social, rebelarse contra toda forma de injusticia o considerar una aberración la desigualdad social".
Para concluir el documento, piden que Hernández
se siente a negociar con los sindicatos y explican que ahora comienza "otro calvario" para los despedidos
en forma de "procedimientos penales con solicitudes de penas de más de dos años de prisión".
Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Getafe explican a este digital que
"cumplieron la ley" tras conocer estos hechos, que "han quedado probados por la Justicia".
"Se falsificaron facturas y se llegaron a cobrar cantidades que estaban destinadas a ayudas sociales para trabajadores.
Son hechos muy graves", replican las mismas fuentes. Sobre el manifiesto, del que no tenían conocimiento, optan por no valorar "opiniones personales de vecinos de Getafe".
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