Tras la celebración de una reunión al más alto nivel para valorar el colapso de la AP-6 el pasado 6 de enero, el Gobierno de Mariano Rajoy ha evitado la autocrítica y ha anunciado que abrirá un expediente informativo a la concesionaria. El Defensor del Pueblo actuará de oficio.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado la apertura de un expediente informativo a la concesionaria de la AP-6, Iberpistas, filial de Abertis, tras la nevada que colapsó el pasado fin de semana dicha autopista y dejó atrapados a miles de conductores.
De la Serna insistió este lunes en que la concesionaria tiene la obligación de disponer de los medios necesarios y suficientes y de adoptar las decisiones relacionadas con la gestión. El ministro defendió las medidas tomadas, que han sido las habituales, y reiteró que, con el temporal y la nevada tan importantes, el único punto donde se produjo un problema de relieve fue en la AP-6.
La responsabilidad de los conductores
De igual modo, el director general de la Dirección General de Tráfico (DGT), Gregorio Serrano, argumentó ayer, según refleja EL PAÍS, que "la responsabilidad de lo que sucede en una autopista de peaje es solo de la concesionaria". "Nuestra labor es de colaboración, pero ellos tienen un centro de gestión propio y son los que saben qué es lo que ocurre allí", añadió Serrano.
Asimismo, el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, responsabilizó a la empresa concesionaria de la AP-6 del bloqueo de la autopista, una situación que calificó de "lamentable" y "excepcional" y que contrastó con la normal circulación en las autovías del Estado. En este punto, insistió en que los conductores pagan el peaje con la confianza de poder circular en condiciones de seguridad y normalidad. Defendió que el Gobierno ha actuado con "rapidez" y negó que se haya culpado a los ciudadanos por no atender a las previsiones meteorológicas.
Protocolo al máximo
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, admitieron públicamente que se cometieron errores y pidieron disculpas a las personas que pasaron la noche en sus coches. "Nuestro objetivo es que esto no suceda y si ha ocurrido es que las cosas no se han realizado correctamente", admitió Gómez-Pomar.
Por su parte, la directora general de Abertis Autopistas España, Anna Bonet, afirmó que su filial Iberpistas aplicó "el protocolo de máximo nivel de actuación" en caso de nevada y que, cuando se comprobó que era insuficiente, solicitó el corte de la vía. Bonet explicó que, "cuando se vio que la situación era de emergencia", la concesionaria pidió a la subdelegación del Gobierno en Castilla y León que aplicará "los protocolos de emergencia". La directora de Abertis Autopistas admitió que a la empresa le corresponde solicitar el cierre y la apertura de la autopista, pero preció que "la ejecución es responsabilidad de la Dirección General de Tráfico".
Mientras, el Comité Estatal de Coordinación sobre Vialidad Invernal propuso ayer que organismos como la DGT, Protección Civil o la Dirección General de Carreteras puedan activar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) en casos de bloqueos de carreteras por temporal. El Comité lamentó los inconvenientes sufridos este fin de semana por los conductores que se quedaron bloqueados en algunas carreteras, especialmente en la AP-6, e hizo balance de las actuaciones llevadas a cabo en la red nacional por el temporal.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha pedido comparecer en el Congreso para explicar lo ocurrido el sábado en la AP-6. Asimismo, el titular de Fomento, De la Serna, dijo que comparecerá "sin ningún problema" en el Congreso para dar todas las explicaciones que los grupos de la oposición consideren.
El Defensor del Pueblo se mueve
El Defensor del Pueblo se ha dirigido a los ministerios del Interior y de Fomento solicitando información sobre el colapso de esta vía en la que constituye una actuación de oficio.
En concreto, ha pedido información sobre cómo se planificó la operación retorno, en concreto, las medidas de coordinación de los servicios adoptadas por ambos ministerios para su preparación y supervisión.
"Además, la Institución quiere conocer la información facilitada por la Dirección General de Tráfico sobre las limitaciones en el uso de las vías A-6 y AP-6 y la incidencia en las condiciones del tráfico, previas y durante el 6 de enero, motivadas por las inclemencias meteorológicas previstas", ha informado la institución en una nota.
El Defensor del Pueblo también ha recordado que en el caso de la A-6, "aunque se trata de una vía gestionada por una entidad privada, actúa por medio de la oportuna concesión administrativa, en la que deberán constar sus compromisos contractualmente suscritos, para mantener un correcto y adecuado funcionamiento de la vía".