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Granados se enfrenta a tres años de cárcel en el primer juicio de Púnica
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(Foto: Kike Rincón)

Granados se enfrenta a tres años de cárcel en el primer juicio de Púnica

La pieza de la trama Púnica relacionada con el 'chivatazo' que dos guardias civiles le dieron al exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados sobre que le estaban investigando comienza este martes en la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Martes, miércoles y jueves de esta semana son los días señalados para la vista oral que sienta en el banquillo de los acusados al exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados y a los guardias civiles José Manuel Rodríguez Talamino y José Luis Caro Vinagre. Los tres se enfrentan a una petición por parte de la Fiscalía de tres años de cárcel cada uno por los delitos de revelación de secretos y aprovechamiento de revelación de secretos.

El Ministerio Público acusa a Talamino de facilitar a Granados información reservada sobre la investigación contra el empresario David Marjaliza, lo que "tuvo importantes consecuencias", ya que "dicha difusión obstaculizó y entorpeció gravemente el curso de la investigación que llevaba a cabo el Grupo de Delitos contra la Administración de la Guardia Civil, menoscabando la prestación de ese servicio público y causando un importante daño a la causa".

Según el escrito de acusación, en septiembre de 2014 Talamino informó primero a su amigo Caro Vinagre, guardia civil en excedencia que desde el año 2000 llevaba desempeñando cargos de confianza en la Comunidad de Madrid promocionado por Granados, y después desveló la investigación al exdirigente popular.

A vueltas con el dinero localizado en un altillo

Entre las consecuencias que destaca la Fiscalía, el escrito señala que Granados "se aprovechó de la información en su propio beneficio para ocultar sus propias ganancias ilegales, escondiendo el dinero en efectivo no declarado en domicilios de amigos y familiares". "Una parte de los beneficios ilícitos ocultados fue localizada en un altillo de la habitación de los padres de su esposa María Nieves Alarcón", añade.

Otra de las consecuencias que menciona el fiscal es que el Grupo de Delitos contra la Administración, al conocer que Talamino estaba facilitando información, "montó una operación ficticia" para desinformarle y "mantenerle alejado de su lugar de trabajo y de Valdemoro", al tiempo que se le solicitó que desinstalara la cámara que se había colocado frente al edificio de las oficinas de Marjaliza. "La retirada de dicho medio provocó la pérdida de una fuente de información muy valiosa para los investigadores", recoge.

Asimismo, imputados como Granados, Marjaliza y Ramírez "adoptaron precauciones intensas y eficaces al conocer que se investigaban delitos de corrupción, disminuyendo la frecuencia de las llamadas y evitando pronunciarse sobre temas de interés a través de los teléfonos".

La Fiscalía acusa a Talamino de desvelar información "a sabiendas de que estaba sometida a absoluta reserva y no debía ser divulgada", quebrantando así "el deber de sigilo que su propia profesión le imponía", descubriendo a los sospechosos "la naturaleza de la investigación" y explicándoles que "la cosa era seria".

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