Policías de primera jugando en tercera

Los cuerpos de policía locales forman la base más cercana de nuestro derecho esencial el de todos y todas a la seguridad propia y colectiva, sin embargo son las grandes olvidadas en el modelo policial de nuestro país, especialmente en la Comunidad de Madrid.

El modelo policial implantado en las últimas décadas por el Partido Popular considera a las policías locales como de tercera categoría, y fomenta la competición en lugar de la colaboración. Lo que dificulta notablemente la imprescindible coordinación para garantizar la seguridad. El Gobierno regional obstaculiza el trabajo de los cuerpos locales, y pierde la ventaja que resulta de su proximidad a la ciudadanía. Pese a que las policías en su labor son ejemplos en la asunción de la diversidad, combatir la violencia machista o ante nuevos tipos de terrorismos, que sin ser su competencia directa, prestan una colaboración que resulta insustituible.

Este desprecio en Madrid parece haberse personificado en la Delegación de Gobierno bajo el mando de su última titular, cuyo objetivo parecía estar centrado en el propósito de batir a su rival político en la capital. Concepción Dancausa no pone reparos en ningunear continuamente al concejal de Seguridad, Javier Barbero. Pero para desgracia de la ciudadanía parece haberse extendido al resto de la Comunidad, yendo contra el criterio manifestado por numerosas alcaldías e incluso por el gobierno regional del Partido Popular.

¿Y cómo ha hecho la delegación semejante virguería? ¡Qué mira que es difícil!, pues tras otras lindezas, oponiéndose a los acuerdos de colaboración entre municipios para que las policías cubran las fiestas patronales.

No le es suficiente al gobierno central con ahogar económicamente a los municipios, que obviamente no pueden contratar un número de policías muy superior al que necesitan de forma habitual, sino que intenta dificultar su labor con una interpretación sui géneris de la Ley de Coordinación, que no se había dado nunca. Eso sí, coincidiendo, por supuesto por mera casualidad con las ofertas para ese mismo servicio de las empresas de seguridad privadas.

En la Comunidad de Madrid hay más de 100 pueblos con menos de cinco mil habitantes, que llevan utilizando este formato, entre otras cosas también porque han disminuido las dotaciones de Guardia Civil desde hace décadas sin ningún problema. Hay un artículo en la Ley de Coordinación que lo recoge específicamente y varias sentencias que lo corroboran. Desde Podemos nos preocupa seriamente y no entendemos porque o por recomendación de quien, la Delegación se mete en este berenjenal que no hace más que perjudicar a la ciudadanía de nuestra Comunidad, sin dar ningún tipo de alternativa.

En nuestra región además, la problemática se agrava con el desaguisado particular tras veintidós años de gestión del Partido Popular. Él mismo consta de tres ejes fundamentales, en primer lugar el injustificable e incomprensible cierre por parte de Ignacio González de la Academia Regional de Policías Locales de la Comunidad de Madrid. Cuando era considerada la mejor del Estado y las instalaciones estaban amortizadas. El ex presidente convirtió a Madrid en la única Comunidad Autónoma sin academia.

Cada uno de estos puntos merece un capítulo aparte, no obstante reseñar que la academia en una región con unas policías tan dispares como la de Madrid capital o la de La Cabrera por poner un ejemplo, además de la formación, generaba un ámbito de unificación y comparación de criterios, protocolos, experiencias, etc. En definitiva de coordinación práctica que solventaba la falta de asunción de esta competencia por parte del propio gobierno regional.

En segundo lugar, el desarrollo de las BESCAM. En mi opinión fue un intento fracasado de implantar una policía autonómica saltándose el pequeño detalle de la necesaria modificación del Estatuto de Autonomía.

Se firmaron unos convenios que financiaban y asignaban policías a los municipios cuando lo solicitaban, sin ningún tipo de planificación territorial. Sino más bien usando criterios de fontanería política, siendo además policías locales como no podía ser de otra manera, pero teniendo competencias de seguridad ciudadana pertenecientes a los cuerpos de seguridad del Estado y sin ser asimilados por los cuerpos de policía local ya existentes en los municipios.

De modo que a día de hoy nos encontramos con ratios absolutamente dispares entre unos municipios y otros, algunos con agentesde más que no pueden pagar y otros con policías de menos que no pueden asumirlos.

Además esta financiación para los municipios en breve puede acabar de golpe, sin ninguna garantía de renovación, siendo inasumible económicamente por la mayoría de ellos. Eso sí, se prolonga lo justito para pasar la legislatura. No vaya a ser que no gane Cristina Cifuentes y dejen el problema que ha generado el PP, a otros. La ciudadanía madrileña va a ser en cualquier caso quien pague su mala gestión.

El tercer problema es la generación de lo que, de nuevo califico según mi opinión, me consta compartida en muchos ámbitos policiales, como una “policía barata” que nunca debió ser creada. Me refiero al Cuerpo de Agentes de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

El PP modificó, retorció, la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con su mayoría absoluta. Alberto Ruiz Gallardón creó en la capital, el Cuerpo que ya nace con problemas de difícil encaje, se dedica exclusivamente al tráfico de la capital. Función por otra parte competencia de las policías locales, y que finalmente será aún más acotada por sentencia judicial, quedando un cuerpo condenado a la extinción o a una asimilación cuanto menos compleja por parte de la policía municipal madrileña.

Como con los otros ejes da para otro artículo y aunque todo se puede empezar a paliar en la propia Ley de Coordinación. Cuya modificación está encima de la mesa, tras demasiados años de espera. Pero además de la voluntad de modificarla de forma significativa y no para pasar el trámite, tanto por parte de PP como de Ciudadanos que componen la mayoría parlamentaria y que comprobaremos en breve, hace falta una voluntad real del Gobierno regional de apoyar y resolver los problemas de las policías locales de nuestra comunidad, incluyendo ser claro y contundente con “los suyos” cuando delegación de gobierno ningunea y maltrata a las policías locales y a su propia Dirección General de Seguridad en sus funciones de coordinación.

Elena Sevillano es diputada del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid. Portavoz de la Comisión de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno