Tres nuevos ayuntamientos madrileños han aprobado personarse como acusación particular en el juicio de la Operación Lezo que se siga ante la Audiencia Nacional. Los supuestos cabecillas de esta red corrupta en el seno del Canal Isabel II deberán responder ante una veintena de consistorios que la privatización fallida de la empresa convirtió en accionistas minoritarios.
Mientras a comienzos de la semana los abogados del del Ayuntamiento de Madrid ponían los dos pies la Audiencia Nacional para oficializar que la capital se presentará como acusación particular en el caso Lezo, el número de municipios que seguirán estos pasos no ha dejado de elevarse en una estrategia coordinada que alcanza ya la veintena.
A las intenciones conocidas de Móstoles, Getafe o Rivas Vaciamadrid, se suma ahora Majadahonda. El Pleno del municipio ha aprobado una moción de Izquierda Unida y Somos Majadahonda en la que no solo se defiende esta actuación judicial; también, se ha solicitado la convocatoria de la Junta General de Accionistas "con el fin de conocer la situación financiera y jurídica de la sociedad" y que se inste a la Comunidad a que anule el conato privatizador del Canal.
En Majadahonda, todos los partidos han forzado al gobernante PP del alcalde Narciso de Foxá a pasar por este trágala, que ha votado en contra en soledad.
El PSOE de Boadilla quiere 'borrar' el nombre de González
El PSOE de Boadilla del Monte ha solicitado al Ayuntamiento, gobernado por el PP, que se retiren todas las placas institucionales en las que figure el nombre del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en prisión tras el estallido de la Operación Lezo.
Por ejemplo, la portavoz del grupo municipal, Delia López, hace referencia a la situada en el Centro de Salud Infante Don Luis. "Incluso, en alguna aparece con la distinción de excelentísimo señor, lo que supone un deshonor para todos los vecinos del municipio", señala.
El partido quiere que se "borre todo rastro y sombra de corrupción" en la localidad, "que ya es tristemente conocida a nivel nacional como epicentro de la Gürtel".
Investigación en Alcorcón
Por su parte, el Pleno del Ayuntamiento de Alcorcón, siguiendo una moción de Ganar, ha reconocido que la Lezo "ha producido un daño patrimonial" al Consistorio, ya que el municipio, como más de un centenar de la región, es accionista del Canal en virtud de un acuerdo firmado hace alrededor de una década.
El debate, según ha indicado este partido, "se centró en las graves irregularidades existentes en la empresa pública ESMASA, por la que posiblemente se desviaron grandes cantidades de dinero público para la trama Lezo a través de Jotrinsa".
Ganar cree que esta última empresa, dedicada a la reparación de vehículos, realizó presuntamente facturaciones "sin contrato" y fragmentó de forma "ilícita" contratos menores "desde 2012" por más de 800.000 euros. La moción aprobada incluye una comisión de investigación al respecto que el equipo de Gobierno del popular David Pérez "deberá poner en marcha en los próximos días".
Informe jurídico en Pinto
También, el alcalde de Pinto, Rafael Sánchez (Ganemos), ha obtenido este miércoles el 'sí' del Pleno para convertirse en acusación particular en las diligencias previas que se siguen en el Juzgado Central de Instrucción número 6.
Los concejales han votado a favor de que el alcalde decrete la designación de un abogado y un procurador, en función de un informe jurídico en el que se ratifica que el Consistoro, en su calidad de accionista minoritario del Canal "tiene interés en la citada causa penal, pudiéndose ver afectados los bienes o derechos de este Ayuntamiento como titular de dichas acciones".
En total, una veintena de municipios impulsa ya esta cascada de acusaciones. Junto a Pinto, figuran Alcalá de Henares, Ciempozuelos, Ambite, Rivas Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Talamanca, Fuenlabrada, Getafe, Parla, Torrejón de Ardoz, Valdemoro, Collado Villalba, Arganda del Rey, Villaviciosa de Odón, Mejorada del Campo, Valdemorillo, Pozuelo, Majadahonda y Alcorcón.
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