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Rodrigo Rato (Archivo)
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Rodrigo Rato (Archivo) (Foto: Carlos Maisanaba)

Arranca el juicio de las tarjetas 'black': 65 exdirectivos de Bankia y Caja Madrid se sientan en el banquillo

Por MDO
lunes 26 de septiembre de 2016, 10:53h
Este lunes arranca el juicio por las tarjetas 'black' que sentará a 65 exconsejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia (entre los que se encuentran Miguel Blesa y Rodrigo Rato, exdirectivos de ambas entidades) para ser juzgados por delitos de apropiación indebida, con penas de entre uno y seis años de cárcel. Fernando Andreu, magistrado de la Audiencia Nacional, ha llevado a cabo más de dos años de investigación en los que ha recabado los suficientes indicios de que los altos cargos de las entidades se gastaron 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012 en gastos personales. Pese a esto, sólo se juzgará desde 2003 por la prescripción de los posibles delitos anteriores.

El juicio, que se celebra en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando, arranca con cuestiones previas que continuarán este martes. Según el calendario establecido, la Sala de lo Penal tiene previsto comenzar los interrogatorios el 30 de septiembre y finalizarán el día 7 de octubre. Tras el turno de testigos y expertos, el juicio quedará listo para sentencia el 23 de diciembre.

Bankia-BFA, el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) y Tenedora de Acciones SAU (BFA) ejercen la acusación particular mientras que la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) (en sustitución de UPyD) y la Confederación General de Trabajo, la acusación popular.

Frente a la tesis adoptada por el fiscal Alejandro Luzón, la defensa de los propios acusados argumentó ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 que el uso de estas tarjetas era una práctica plenamente aceptada y heredada del expresidente de Caja Madrid, Jaime Terceiro, entre los años 1988 y 1996, a quien señalan como el responsable de ponerla en marcha.

El juez instructor, por su parte, concluye que las tarjetas fueron emitidas "sin respaldo contractual alguno" y que ese dinero era una retribución "irregular" porque su uso "no tenía como finalidad gastos de representación".

Blesa y Rato, recibidos con insultos a su llegada a la Audiencia

Los expresidentes de Caja Madrid y Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, respectivamente, han sido recibidos con gritos e insultos por parte de una decena de preferentistas a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional.

Los primeros en llegar a la sede del tribunal en San Fernando de Henares han sido el que fuera secretario general de UGT Madrid y consejero de la entidad nacionalizada, José Ricardo Martínez, y uno de los altos cargos de la caja, Matías Amat, que han entrado al recinto pasadas las 8.35 de la mañana.

Sin embargo ha sido la llegada de Blesa la que ha suscitado mayor expectación. Una decena de manifestantes preferentistas ha intentado increpar al exalto cargo, que ha llegado acompañado de su abogado, si bien los agentes de la Policía Nacional lo han impedido. La entrada de Rato ha pasado más desapercibida puesto que ha accedido al edificio al mismo tiempo que otros acusados.

Tras él ha llegado el que fuera consejero de la entidad y presidente de la CEIM, Arturo Fernández, también abucheado por los preferentistas, que han proferido frases como 'qué jeta qué jeta los de las tarjetas' o 'qué desgraciados los que roban el dinero a los jubilados'.

Viajes, ropa de lujo y joyas

Los 65 acusados cargaron a su tarjeta gastos de joyerías, tiendas de ropa, restaurantes, viajes, ropa de marca o menaje del hogar. Rato, por su parte, se benefición de estancias en hoteles de cuatro y cinco estrellas, de accesorios de Louis Vouitton, o de compras en diversos bazares (en una realizada en diciembre de 2010 abonó 2.439 euros).

José Antonio Moral Santín, exvicepresidente de la entidad crediticia madrileña y exmiembro de Izquierda Unida, cuenta con cerca de 400 cargos en restaurantes más diversas extracciones de efectivo en los cajeros. Otros, como el exconsejero nombrado por el PSOE, José María de la Riva, llegó a invertir en un tratamiento en una clínica de talasoterapia en 2007 un total 1.753 euros.

Compras en joyería, como la realizada por el exdirectivo, Matías Amat, de 10.000 euros, el gasto en más de 11.100 euros en armerías por parte del exresponsable de Empresas de Caja Madrid, Carlos Vela, o los 6.436 euros en diversos viajes que se dejó el exconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, son algunos de los importes destacados.

Penas de prisión

La Fiscalía Anticorrupción pide las mayores penas para Miguel Blesa, que gastó 436.688 euros con su tarjeta opaca y se enfrenta a una petición de condena de seis años de cárcel y multa de 108.000 euros, y para Rodrigo Rato, que podría ser condenado a cuatro y medio de prisión y la misma multa por el uso de 99.054 euros extraidos de su tarjeta 'black'. Para el primero de ellos solicita el pago de una indemnización de 9,3 millones de euros por los gastos autorizados entre enero de 2003 y enero de 2010 y para Rato 2,6 millones por los comprendidos entre 2010 y 2012 además de una multa de 108.000 euros para cada uno de ellos.

También pide penas de cuatro años de cárcel para el exjefe de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y dos años para el número dos de Blesa y expresidente de la Comisión de Control, Ildefonso Sánchez Barcoj, quien, según la Fiscalía era el encargado de gestionar la emisión y cancelación de las tarjetas. También están imputados miembros de los sindicatos de CC.OO y UGT, así como representantes del PP, el PSOE y el exvicepresidente de Caja Madrid, José Antonio Moral Santín, de Izquierda Unida, que gastó cerca de medio millón de euros.

1,7 millones recuperados

La justicia ha logrado recuperar casi dos millones de euros. Hasta el 12 de julio, 36 acusados entregaron las cantidades gastadas. Otros como Blesa están en proceso (el juez Andreu ha aceptado la reclamación del exdirectivo para depositar los 436.688,42 euros). A parte de éstos, otros nueves han prestado garantías hipotecarias por importe de 525.708,08 euros, lo que hace un total de 1,7 millones que, sin embargo, queda muy lejos de los 12 millones de euros por cuyo uso serán juzgados.

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