El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado "nula de pleno derecho" la aprobación de los presupuestos de 2014 de Leganés, elaborados por el entonces gobernante PP, y que se mantenían prorrogados en la actualidad. Esta sentencia significa, según la oposición, el regreso a las cuentas de 2012 y obligará a promover un interminable ramillete de nuevas modificaciones presupuestarias para cuadrar este ejercicio si el recurso anunciado por el Ayuntamiento no prospera.
La Sección segunda de la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJM ha fallado a favor del recurso interpuesto por portavoces del partido independiente Unión por Leganés (ULEG), PSOE e IU en marzo de 2015 contra el modo en el que aprobó las cuentas municipales el anterior alcalde, el popular Jesús Gómez, dejando caer al mismo tiempo los propios presupuestos. La justicia madrileña entiende que su aprobación por Junta de Gobierno no respetó la legalidad, ya que para que operase tal excepcionalidad -poder sacarlos adelante por esa vía pese al rechazo del pleno en primera votación-, ese organismo debería estar impulsando las cuentas del año siguiente y no las de ese mismo curso.
El fallo implica que Leganés, que mantiene estos presupuestos vigentes al no haber alcanzado un acuerdo con la oposición el nuevo alcalde, el socialista Santiago Llorente, para sacar unos nuevos, debe tomar ahora como referencia las cuentas anteriores, las de 2012, que también se prorrogaron. Así, cada nuevo desembolso que se impulse deberá tejerse con unas agujas de hace cuatro años y está por ver qué ocurre con los ya aprobados, como los 2,5 millones de euros para ampliar Butarque.
Un 'Frankenstein' presupuestario
"Esto tiene una trascendencia económica muy importante, hay que empezar a hacer modificaciones, vamos a tener que crear un 'Frankensetin' presupuestario", ilustra Carlos Delgado, portavoz de ULEG. "Nosotros ya lo advertimos en su momento", añade. "En el de 2012 no estaban reflejados los directores generales, aquellas partidas son distintas y habrá que ver qué pasa con las nóminas, por ejemplo", agrega.
La situación complica la vida al Gobierno de Leganés, que, para más inri, está sometido a una fragilidad numérica que incluso ha dado alas a una posible (aunque muy difícil) moción de censura.
Según Delgado, el Ayuntamiento, ahora en manos de PSOE e IUCM, no debería impugnar ese fallo en "coherencia" con su postura de hace sólo un año, cuando ambos partidos formalizaron junto a ULEG la denuncia contra los números populares. Mientras, el Consistorio, calcula a estas horas los efectos de una sentencia que redobla aún más la urgencia sobre el plenario para alcanzar un pacto de cara a 2017.
Recurso
Por el momento, Llorente ya ha confirmado en una nota que el Ayuntamiento recurrirá, pese a la paradoja, el dictamen. El regidor cree que tener que recurrir a 2012, las últimas cuentas ratificadas en pleno, sería contraproducente, ya que, entonces, esos presupuestos "no tenían los recursos suficientes para afrontar los gastos de una ciudad como Leganés”.
El regidor argumenta que ahora lo que prima es “defender los intereses de los leganenses y garantizar la prestación de los servicios municipales para todos los vecinos de la ciudad, pagar la luz, el agua o las nóminas de los trabajadores municipales” algo que a su juicio con el presupuesto de 2012 “sería inviable”.
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