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La Comunidad creará un registro voluntario de 'lobbies'
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(Foto: Kike Rincón)

La Comunidad creará un registro voluntario de 'lobbies'

Por Carmen M. Gutiérrez
martes 05 de abril de 2016, 14:50h
La Comunidad va a crear un registro público de lobbies (grupos de interés) en el que se podrán inscribir de forma voluntaria estos grupos capaces de influir en las políticas públicas. Los cargos públicos y diputados deberán dar cuenta de sus reuniones con estos grupos. Esta medida se incluye en el proyecto de Ley de Gobierno Abierto, Participación Ciudadana y Transparencia que ha presentado este martes el Gobierno regional.

Este registro público estará adscrito a la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ya que, según los informes jurídicos del Gobierno regional, no podía depender de la Asamblea de Madrid, que debería modificar su reglamento. Según ha explicado el portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, el Portal de Transparencia de la Comunidad deberá dar publicadad de las reuniones de las autoridades, cargos públicos, miembros electos o diputados con estos grupos de interés.

Además, el anteproyecto de ley, que choca con el presentado por el PSOE, incluye otras medidas para la "transparecencia, una mejora de la gestión y el establecimiento de cauces de participación". "Queremos tener paredes y techos de cristal", ha asegurado la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes. Entre ellas, la creación de una Comisión interdepartamental de Transparencia, que actuará como órgana controlador en esta materia y estará presidenta por el portavoz del Gobierno, Ángel Garrido. La comisión podrá incoar procedimientos sancionadores o disciplinarios por el incumplimiento de las obligaciones incluidas en la ley.

La norma obligará a todos los organismos del Gobierno y la Administración de la Comunidad, así como a los entes del sector público autonómico como fundaciones, consorcios universidades o a los Ayuntamientos. En el desarrollo de determinadas actividades, la norma también será aplicable a la Asamblea de Madrid, a la Cámara de Cuentas, a la Comisión Jurídica Asesora, al Tribunal Administrativo de Contratación Pública y Transparencia y a las corporaciones de Derecho Público. Asimismo, obliga a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y a las entidades privadas que perciban subvenciones de la Comunidad de más de 50.000 euros en un año o cuando el 30% o más de sus ingresos anuales tengan carácter de subvención pública y superen los 5.000 euros.

El proyecto de ley también recoge los contenidos que la Administración está obligada a hacer públicos a través del Portal de Transparencia de la Comunidad y que incluye información relativa a organización administrativa, altos cargos, funcionamiento del Consejo de Gobierno, normativa jurídica, contratos, convenios, subvenciones, Presupuestos Generales y ejecución presupuestaria, patrimonio de la Comunidad o información estadística, entre otros.

La norma regula el procedimiento para el acceso de los ciudadanos a la información pública. La denegación de la información o su no contestación en un plazo de 20 días podrá recurrirse directamente ante los tribunales de lo contencioso-administrativo. Previamente, también podrán interponer una reclamación administrativa ante el Tribunal Administrativo con competencia en materia de contratación y transparencia de la Comunidad.

La nueva ley, que está previsto que entre en vigor el 1 de enero de 2017, también establece los mecanismos de participación ciudadana en las políticas
públicas desarrolladas por el Gobierno regional, para lo que crea tres instrumentos concretos: las aportaciones ciudadanas, las consultas públicas y
los procesos de deliberación participativa. Estas herramientas se desarrollarán por vía reglamentaria.

Cifuentes ha asegurado que esperan contar con el "mayor consenso posible" y, en concreto, con el apoyo de Ciudadanos, con el que firmó un pacto de investidura que recogía medidas en este sentido. Ahora bien, el PSOE ha presentado su propio proyecto de Ley de Transparencia, cuya tramitación en la Asamblea ha recurrido la Comunidad al considerar que supone una modificación del gasto. "No estamos en ninguna competición", ha mantenido la presidenta regional, quien ha señalado que la ley que ha propuesto el Gobierno "va más allá de la transparencia" y que la del PSOE es una copia de las de Navarra y la de Canarias.

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