Las sospechas se centran en pagos realizados por el consejero de OHL Javier López Madrid al que fuera gerente del PP de Madrid hasta octubre de 2014, Beltrán Gutiérrez, quien abandonó el cargo tras el escándalo de las 'tarjetas black' de Caja de Madrid, según las mismas fuentes.
De momento los hechos investigados se incardinan en los delitos de cohecho y blanqueo de capitales puesto que en el momento de producirse la presunta entrega del dinero aún no existía el de financiación irregular de partidos políticos, que fue introducido en la última reforma penal.
Registros
En el curso de la instrucción ha ordenado cinco registros, entre ellos la sede del PP de Madrid, que está dentro de la sede nacional en la calle Génova de Madrid.
En este sentido, la Guardia Civil ha accedido al despacho del ex-gerente regional del partido, que sigue siendo empleado en la formación, y se ha revisado el ordenador con el que trabaja habitualmente. Gutiérrez acompañaba a los agentes en el momento del registro, tras concluir el que se había desarrollado en su vivienda.
Agentes de la Unidad Central Operativa del Instituto Armado (UCO) han accedido también al domicilio, así como a dos despachos personales del empresario Javier López Madrid, si bien una portavoz oficial de OHL ha especificado que no se han visto afectadas por estas actuaciones ninguna de las plantas que ocupa la constructora en su sede de Madrid, ubicada en Torre Espacio.
Fuentes de la investigación apuntan a que los registros han tenido que ser adelantados por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 tras la publicación estos días en un medio de comunicación de la existencia de esta parte de la investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario.
Los registros habían terminado antes de las siete de esta tarde y no se espera que el juez ordene por el momento nuevas entradas, según fuentes de la Fiscalía Anticorrupción que no descartan que se puedan practicar nuevas diligencias en los próximos días tras analizarse los documentos incautados este jueves. De momento se descartan también detenciones en relación con estos hechos.
La urgencia del magistrado habría obedecido a la publicación el pasado lunes en 'El Español' de una información que apuntaba que la Unidad Central Operativa (UCO) investigaba la veracidad de unos apuntes requisados en una agenda de Francisco Granados donde se señalaban posibles cobros de comisiones ilegales al PP de Madrid. Aquí habría quedado constancia de que Javier López Madrid, yerno del empresario Juan Miguel Villar Mir y miembro del consejo de administración de OHL, habría abonado importantes cantidades de dinero.
Según este medio, el manuscrito de Granados reflejaba una serie de pagos junto a las letras "JLM", iniciales que los agentes atribuyeron de forma indiciaria a Javier López Madrid. Este extremo habría sido corroborado por el empresario David Marjaliza, testaferro del exvicepresidente madrileño, y que puso a los agentes en alerta sobre la existencia de esta agenda.
Según esta información, había anotaciones con "JLM" y otras con "me", en inglés, que correspondían al dinero detraído por el propio Granados, o con "B.G", correspondiente a Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP de Madrid e investigado también por el caso Gürtel. También se mencionaba a Ignacio Palacios, al que la UCO sitúa como el 'cobrador' de Granados.
Tanto López Madrid como Beltrán Gutiérrez están incursos en otra investigación abierta en la Audiencia Nacional por el uso de la tarjetas black de Bankia.
El exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez fue apartado de su puesto en la formación liderada por Esperanza Aguirre y como asesor del PP en el Ayuntamiento tras destaparse el escándalo de las 'tarjetas black' de Caja Madrid.
Su gasto con la 'tarjeta B' de la entidad ascendió a 58.000 euros y antes de presentar su renuncia en el PP ya mostró su intención de devolver ese dinero. Su dimisión estuvo rodeada de polémica puesto que aunque dejó el cargo como gerente siguió en el partido como un trabajador más.
De hecho, ante las críticas del propio PP nacional, que pedía el cese del mismo, la propia presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, tuvo que explicar que Beltrán Gutiérrez seguía trabajando en el PP de Madrid como un empleado del partido -lleva casi 20 años en el partido- pero que no había "ni baja encubierta ni despido ni contratación".
"Nadie ha dicho que Beltrán Gutiérrez haya sido despedido. Cesó de su responsabilidad como gerente", explicaba Aguirre en relación a Beltrán Gutiérrez, cuyo ordenador ha sido confiscado también este mismo jueves en la propia sede de Génova, hasta donde ha ido la Guardia Civil.
En cuanto a su puesto en el Ayuntamiento de Madrid, tras conocerse su implicación en el caso de las tarjetas opacas, la entonces alcaldesa de la capital Ana Botella también le cesó como asesor del Grupo Popular en el Consistorio, varios días antes de que Gutiérrez presentara su renuncia como gerente.
Esperanza Aguirre declarará este viernes en la comisión de investigación sobre la corrupción de la Asamblea de Madrid.
PSOE-M: "Los ciudadanos quieren explicaciones y regeneración"
El secretario de Organización del PSOE-M, Enrique Rico, ha considerado este jueves que, ante noticias como los registros en domicilios de integrantes del PP de Madrid, los ciudadanos requieren explicaciones y regeneración. "Lamentamos que aparezcan noticias de este tipo y en la Comunidad. Por desgracia se está convirtiendo en una tónica". A juicio de Rico, "después de estas noticias lo que solicitan los ciudadanos es que se den las pertinentes explicaciones". "Los ciudadanos ahora más que nunca solicitan regeneración y transparencia en esta comunidad y en el país en su conjunto", ha zanjado.
La Comunidad ve "fundamental" que se esclarezca lo sucedido
El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha afirmado que ellos son el "Gobierno de la Comunidad de Madrid" y tienen "máximo respeto a la acción de la justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". "Sé que podemos contar con la máxima colaboración del PP de Madrid para que todo se esclarezca y nosotros somos un gobierno infatigable en la lucha contra la corrupción hasta el punto de que en el marco del procedimiento de la Operación Púnica estamos personados como acusación particular", ha señalado. A juicio de Garrido, es "fundamental que se esclarezca todo cuanto antes y se restituya, si hay que restituir algo, en beneficio de todos los madrileños, que están siendo defendidos en sus intereses por el Gobierno de la Comunidad de Madrid".
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