Los abogados de oficio, en pie de guerra

En verano, los letrados de oficio plantearon realizar una renuncia colectiva a las guardias, durante los meses de otoño, debido a la reducción en más de un 50 por ciento de sus retribuciones. La Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) propuso esta renuncia masiva a las guardias.

Se trataba tan solo del inicio de las protestas de los abogados de oficio, cuyo motivo,  aseguran, es dejar de percibir aquellos ingresos correspondientes a la defensa de los clientes que no tengan acreditado el reconocimiento de cobertura a través de la conocida como Justicia Gratuita.

Los letrados afectados explicaron que hasta este momento cobraban los ingresos correspondientes a la representación legal de estos casos a través de un sistema bancario conocido como 'confirming' por el que las entidades adelantaban a los abogados las cantidades correspondientes a sus honorarios para que las percibieran automáticamente y no en el plazo de tramitación habitual en la Comunidad, que según los letrados consultados, ronda los dos años.

Los abogados de oficio denunciaron que este "reconocimiento del beneficio" se deniega al 90 por ciento de los clientes que representan en casos de jurisdicción penal. Estas personas a las que asistían hasta el momento, aseguraron, son en su mayoría toxicómanos, inmigrantes ilegales, indigentes y pertenecen a colectivos que viven en la pobreza y la marginación social. Este tipo de clientes no acostumbra a remitir a la Comunidad de Madrid la documentación que se les solicita para acceder a la cobertura que proporciona la Justicia Gratuita, por lo que sus peticiones se rechazan. Los letrados madrileños adviertieron que esta situación les pone en la disyuntiva de darse de baja del turno de oficio o continuar trabajando en él, pero de forma gratuita e indicaron  que la decisión de la comunidad madrileña ponía en peligro el derecho de defensa de las personas más desfavorecidas.

Casi 300 abogados, de los 4.500 que forman parte del Turno de Oficio de Madrid, presentaron en el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) en septiembre su renuncia a las guardias de octubre y noviembre como protesta a estos recortes.

En el escrito de renuncia, establecieron que no realizarían dichas guardias, cuyo pago depende del Gobierno regional a no ser que aprobase las condiciones exigidas por los abogados. Una de ellas es que la Comunidad de Madrid anulase la rebaja en los presupuestos para 2012 de la partida para asistencia Jurídica Gratuita y cualquier bajada en la remuneración de los abogados del Turno de Oficio.

La segunda de las condiciones era la garantía por parte del Gobierno regional de que los servicios prestados por los abogados del Turno de Oficio sean remunerados con independencia de la concesión o no al ciudadano del derecho a la asistencia Jurídica Gratuita. La tercera propuesta para evitar su renuncia a las guardias de octubre y noviembre era el abono íntegro de la remuneración adecuada a los abogados de Oficio por la Comunidad, hasta el segundo trimestre de 2012 inclusive.

Al no tener respuestas positivas a sus demandas, en octubre, casi 700 abogados de oficio de los 2.500 que hacen guardias en la Comunidad de Madrid decidieron no realizar turnos.
En total fueron anuladaos 800 de los 4.000 turnos que provocó que no se practicasen a diario entre 15 y 20 juicios, obligando a muchos jueces a dejar en libertad a detenidos con cargos.

La Comunidad de Madrid comunicó al colegio de abogados que a partir del próximo 31 de diciembre suspendería los servicios de asesoría jurídica gratuita, dirigidos a los ciudadanos con menos recursos económicos. El Colegio de Abogados de Madrid acusó a la Comunidad de Madrid de la ruptura unilateral del convenio de orientación jurídica, lo que, a su juicio, supuso una dejación flagrante de las obligaciones legales en el proceso de transferencia de competencias.

A lo largo del mes de octubre continuaron las protestas y renuncias a las guardias. Incluso, los letrados del Turno de Oficio de Madrid comenzaron encierros en la sede del Colegio de Abogados como protesta a esos recortes en el ámbito del Servicio de Justicia Gratuita.

Un total de 1.298 abogados de oficio renunciaron a realizar 1.633 guardias de las 6.095 turnadas durante el período octubre a diciembre de 2012.

En diciembre, tuvieron lugar las elecciones que celebra el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) para renovar los cargos de la Junta de Gobierno para los próximos cinco años. Pero no se obtuvieron los resultados esperados. Tuvieron que ser suspendidas tras ser impugnadas por la mayoría de los candidatos que acusaron de fraude electoral a la candidata Sonia Gumpert, que habría resultado ganadora. La candidata aseguró que no había comprado ningún voto ni presionado a nadie.

Entre los compromisos que figuraban en los programas de la mayor parte de los candidatos destacaba la exigencia del pago de las facturas del Turno de Oficio y de una redifinición del sistema de Justicia Jurídica Gratuita.