Caño, detenido el pasado 24 de noviembre por orden del juez del juzgado de Instrucción número 42 Agustín Morales, está imputado por un presunto delito de estafa, tras una denuncia presentada en enero de 2010 respaldada por la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (CONADEE).

Su portavoz, Aída Quinatoa, ha pedido que "se haga justicia" y la paralización de los procesos de ejecución hipotecaria  —los desahucios de las familias que pueden haber sido estafadas por esta trama— "hasta que se resuelva el proceso penal". "Es justo en cualquier parte del mundo. Nosotros no estamos pidiendo cosas imposibles. Esto es posible", ha sentenciado.

Las diez familias que hasta el momento han presentado denuncias por haber sido víctimas de "hipotecas basura"   —conocidas en Estados Unidos como hipotecas 'subprime'— reclaman que Caño, a través de la CHI u otras cuatro oficinas con nombres similares, "conseguía créditos de más de 200.000 euros para personas de escasa solvencia económica".

Cadena de avalistas
Para ello empleaba "una trama de avales cruzados", de manera que los hipotecados "se avalaban unos a otros sin que muchas veces se conociesen entre sí", han asegurado desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que integra a varios miembros de CONADEE.

Una "cadena" en la que estaban vinculados varias personas que se embarcaban en estas operaciones. "Si caía una, caían todas", ha explicado Enrique Vallejo, miembro activo de la organización ecuatoriana. "Para conseguir una vivienda, Caño exigía al comprador que, de entrada, firmara como copropietario de otra vivienda, amén de una señal que rondaba los 10.000 euros y que, en caso de que la familia se echara para atrás, nunca devolvía", han sostenido.

Los denunciantes están convencidos de que para efectuar estas operaciones, Caño cerraba acuerdos con importantes entidades financieras, y lo hacía, según la PAH, "con pocos días de diferencia con objeto de eludir los controles de riesgo del Banco de España.

Cláusulas "abusivas" e "irregulares"
Quinatoa espera que Caño "que se pronuncie el juez en este proceso penal". "Para nosotros, evidentemente es así", ha asegurado. Los afectados sostienen que esta trama se desarrolló "con el conocimiento de los bancos, y del que debe controlar todo el sistema financiero, que es el Banco de España". "Ellos deben de estar al tanto de esto, por supuesto. No estarían tan lejos de esta realidad", ha dicho.

Asimismo, las víctimas de esta presuntas estafa denuncian las "abusivas" cláusulas de estos contratos hipotecarios, que han asegurado desconocer, así como "condiciones abiertamente irregulares". "No nos explicaba nada", ha dicho Quinatoa.