El 'caso de los espías' seguirá siendo investigado. Así lo ordena la sección 16 de la Audiencia Provincial, que estima que hay indicios suficientes de que cargos electos del PP fueron sometidos a seguimientos por personal de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. Unas vigilancias que, a su juicio, no han sido suficientemente explicadas y que serían constitutivas de un delito de malversación de fondos públicos.
El auto de reapertura tiene como objeto realizar las
diligencias que quedaron pendientes en la investigación, así como que se compute el monto del dinero público que pudo dedicarse a estas actividades, según confirmaron a
Madridiario fuentes judiciales.
La Consejería de Interior explicó a este digital que, como en cualquier otro caso, ofrecerá a la Justicia "la
máxima colaboración". Juan Ramón Montero, miembro del equipo jurídico del Partido Popular nacional, aseguró que la formación pedirá explicaciones a la Audiencia por una reapertura "política" ordenada por una magistrada "con ideología claramente contraria", como es Luz Almeida Castro, hermana y compañera de despacho de la política vinculada al PSOE e IU
Cristina Almeida.
La Audiencia estima de esta manera el recurso presentado por el Partido Socialista de Madrid contra el archivo de la causa, que fue decretado el 15 de julio de 2010 por la titular del juzgado de Instrucción número 5 de Plaza de Castilla, Carmen Valcarce. Los socialistas fueron los únicos que recurrieron, ya que la
Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no lo hizo. Tampoco los supuestos espiados, por orden expresa de la dirección nacional del Partido Popular.
El origen del caso está en las denuncias presentadas primero por el vicealcalde de Madrid y mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón,
Manuel Cobo, y por el ex consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Esperanza Aguirre,
Alfredo Prada, a comienzos de 2009. Ambos denunciaron haber sido objeto de seguimientos en 2008 (en pleno debate por la posible sucesión de Mariano Rajoy al frente del PP) por parte de tres ex guardias civiles asesores de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, organismo dirigido por el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados. Asimismo, fueron imputados en la misma el ex director de Seguridad de la Comunidad, Sergio Gamón, como supuesto responsable del operativo, y el empleado público José Manuel Pinto.
El archivo y sus consecuencias
Tras las denuncias presentadas por Cobo y Prada, la juez Carmen Valcarce se hizo cargo de la investigación. Las pruebas periciales determinaron que José Manuel Pinto participó en la redacción de los
partes de seguimiento que publicó el diario El País y que desataron una tormenta política en el seno del PP. A su vez, los
posicionamientos de los teléfonos móviles situaban a los agentes de Interior en los mismos lugares y a la misma hora que los cargos públicos, como también reflejaban los partes.
La juez Valcarce
archivó el caso en julio del pasado año argumentando que seguir a una persona "no constituye infracción penal alguna" y que no se había podido demostrar que los agentes contratados por Interior no estuvieran realizando
tareas de "contravigilancia", como argumentó el consejero Granados en la comisión de investigación que se abrió en la Asamblea de Madrid. Entonces PSOE e IU calificaron la investigación parlamentaria de
"fraude".
El archivo de las diligencias previas derivó en la marcha de Alfredo Prada de la Asamblea de Madrid, donde permanecía como diputado tras haber salido del Gobierno por sus desencuentros con Esperanza Aguirre. El PP
impidió a Manuel Cobo presentar un recurso contra el archivo para no dañar la imagen del partido, según fuentes populares. Sergio Gamón también
dimitió de su cargo en la Consejería de Interior y la ex mujer de este, Yolanda Laviana, que trabajaba en Telemadrid como cargo de confianza,
fue despedida tras asegurar que su ex marido espiaba a las órdenes del vicepresidente de Esperanza Aguirre, Ignacio González.
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