El proyecto fue aprobado por 135 votos a favor, dos en contra y 119 abstenciones, con el apoyo de los nacionalistas, con el apoyo mayoritario en la Cámara Alta (PSOE, CC, CiU y Grupo Mixto). De esta forma, una vez tramitado por procedimiento de urgencia, volverá al Congreso para la aprobación definitiva en el Parlamento. El proyecto, que modifica la actual normativa vigentes desde 1960, fue defendido por el senador del PSOE Juan Luis Gordo.

El objetivo del texto, según explicó el parlamentario socialista, reside en "garantizar tanto la calidad acústica de los vecinos cercanos a los aeropuertos, como la propia actividad que generan estas instalaciones". Asimismo, responde al compromiso adquirido con los ciudadanos para dotar de protección acústica a los afectados por el impacto del tráfico aéreo, para lo que fija objetivos y establece garantías.

De este modo, "se mejorará la insonorización de los edificios cercanos a los aeropuertos, así como sus estructuras, con unos planes de acción a cargo de AENA", recalcó, al mismo tiempo que en aquellos municipios en los que se superen los objetivos de calidad acústica establecidos se concederán ayudas.

Huella acústica
También destacó que el texto adelante en diez años la obligación de implantar las medidas correctoras derivadas de la huella acústica, además de los planes de acción en los grandes aeropuertos, cuyo plazo finaliza el 31 de diciembre de 2020. Recorta también el plazo en seis meses en los aeropuertos que superen los 250.000 movimientos (Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat).

El senador acusó al PP, que se abstuvo en la votación, de falta de responsabilidad y de compromiso, ya que con su actitud ha puesto en peligro "no sólo Barajas, sino todo el sistema aeroportuario", además de facilitar el acuerdo entre Iberia y British.

"No en vano --insistió-- la cuarta pista del aeropuerto de Barajas ha supuesto la creación de 47.000 empleos, que superarán los 122.000 cuando esté plenamente operativa y una inversión de 6.000 millones de euros". Por lo que, de dejarse inoperativa esta pista, la masa salarial de la Comunidad de Madrid perdería 2.900 millones de euros.

Por su parte, el senador 'popular' Ignacio Burgos calificó el proyecto de "corte y pega" al considerar que se ha hecho con prisas al calor de la sentencia del Tribunal Supremo que insta a recortar a la mitad los sobrevuelos sobre la urbanización de madrileña de Ciudad Santo Domingo (Algete).