Los ayuntamientos afectados por las miles de viviendas ilegales de la Cañada Real se han unido para reclamar a la Comunidad de Madrid que dé una solución de inmediato a los habitantes de la zona después de que la futura ley regulatoria haya quedado paralizada.
La delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, la popular
Pilar Martínez (PP); el alcalde de Coslada,
Ángel Viveros (PSOE); y su homólogo en Rivas,
José Masa (IU), se reunieron este miércoles en esta última localidad y exigieron a la Comunidad de Madrid que desbloquee la aprobación de la ley de legalización de esta zona, en la que viven de forma ilegal entre 20.000 y 40.000 personas.
En el encuentro también participaron la portavoz del Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, y los diputados Antonio Fernández Gordillo (PSOE) y Reyes Montiel (IU). Tras el mismo, los participantes pactaron y leyeron un comunicado conjunto en el que, amén de colores políticos, demandaron al Gobierno de Esperanza Aguirre que garantice de inmediato que se van a cubrir los
derechos y la atención social de los afectados antes de proceder a cualquier reclasificación del suelo.
Éste es el punto de conflicto que mantiene paralizada la ley, que se encuentra en trámite de aprobación pero sin fecha. Tal y como les adelantó
Madridiario, el PP
ha presentado una lista de colectivos a los que cree que se debería consultar antes de elaborar el texto. PSOE e IU advierten que eso se debió de hacer antes de que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre hiciese la ley "por su cuenta". Añaden que ellos ya incorporaron esas demandas en sus respectivas enmiendas al texto.
Sospechas de retirada
La diputada
Reyes Montiel subraya que la Comunidad se ha dado cuenta de que con desafectar los terrenos y
pasar la pelota a los ayuntamientos "no le es suficiente" para resolver el problema. Parte de los habitantes de la Cañada deben ser realojados (siendo entre 20.000 y 40.000 los residentes los ayuntamientos no pueden asumir solos la carga) y los que se queden deben poder acceder a
colegios,
centros de salud o
servicios sociales, competencia de la Comunidad. IU piensa incluso que la Comunidad está calibrando retirar la ley y por ello está dilatando su aprobación.
Con la unión de los tres ayuntamientos, cada uno gobernado por un partido político, los consistorios quieren presionar a la Comunidad para que la tan anunciada solución a este problema endémico no caiga en el olvido. Como siguiente paso, Reyes Montiel
preguntará este jueves en el pleno de la Asamblea de Madrid a la consejera de Medio Ambiente sobre cuándo piensa solucionar la situación.
Si (
No(
