PSOE e IU esgrimen dos argumentos. En primer lugar, que la ley ya no se aprobará este mes "ni hasta diciembre como poco a este paso", denuncia la diputada de IU Reyes Montiel. La razón es que el PP quiere consultar a cerca de 40 representantes de colectivos vinculados con la Cañada (juristas, colectivos sociales, asociaciones agrarias) para alcanzar el "máximo consenso" sobre la situación de las entre 15.000 y 40.000 personas que se estima viven allí. PSOE e IU denuncian que ese trabajo debería haberse hecho antes de que el Gobierno de Esperanza Aguirre presentase la ley "de forma unilateral", por lo que creen que la lista es un intento de dilatar su aprobación. "Nosotros ya consultamos a los colectivos cuando presentamos las enmiendas", añade el socialista Antonio Fernández Gordillo.

La segunda razón es el informe negativo enviado por el Ministerio de Medio Ambiente (VEA AQUÍ EL TEXTO COMPLETO). Según el mismo, que es imprescindible pero no vinculante, con la Ley de la Cañada "no se garantiza suficientemente que en el destino de los terrenos desafectados prevalezca el interés publico o social". Esta es la misma tesis que la oposición ha venido defendiendo hasta ahora: si no hay consenso con los ayuntamientos implicados (Madrid, que tiene la mayor parte del problema, Rivas y Coslada) y no hay garantías de realojo y atención social, no existe ley que valga.

Polémica por el dinero
Elena Utrilla, portavoz del PP en la Comisión de Medio Ambiente, niega rotundamente que la ley vaya a paralizarse o ni mucho menos retirarse. "Si hubiésemos querido hacerlo no habríamos presentado esta lista, que es algo que ya estaba acordado entre los grupos y la oposición no ha hecho. Precisamente queremos que esto no se pare. Vamos a escuchar a la sociedad civil para llegar al máximo consenso", explica. Respecto a la resolución del ministerio, Utrilla se muestra completamente en contra y asegura que el interés general está garantizado por que serán los ayuntamientos los que decidan que hacer con el suelo, "no la Comunidad".

Pero el problema, según Reyes Montiel (IU), está mucho más en el fondo. "La Comunidad creía que con quitar la Cañada del dominio público y pasar la patata a los ayuntamientos –que decidirían quien merecía el terreno en el que se levantan sus viviendas y quien no- ya era bastante. Ahora se han dado cuenta de que no porque allí hacen falta colegios, servicios sociales o transporte y eso sí tiene que pagarlo la Administración". Fernández Gordillo (PSOE) va más allá: "No piensan poner ni un euro para solucionar el problema. De hecho, la memoria económica de la ley es 0". Gordillo asegura que no le extrañaría que la ley fuera retirada, pero advierte que eso no sería excusa, porque con ley o sin ella Ayuntamiento y Comunidad "ya pueden intervenir como se hizo en la Celsa o el Salobral, pero no quieren gastar nada y tampoco se ponen de acuerdo entre ellos", concluye.

Para denunciar el bloqueo de esta ley han comparecido juntos este miércoles la portavoz parlamentaria socialista, Maru Menéndez; el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, David Lucas, y el teniente de alcalde de Rivas-Vaciamadrid, también socialista, Guillermo Magadán. Los tres han apostado por "sacar adelante una ley que dé una solución integral al drama humano que se vive en la Cañada Real" si la Comunidad no da el paso definitivo.