El año pasado, 311 menores madrileños fueron sujetos a medidas judiciales por maltratar a sus familias. Solo un 1 por ciento reinciden en este delito, gracias a un programa específico que puso en marcha la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI), dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, hace 4 años.
De todas las medidas judiciales que impusieron los jueces a los menores madrileños en 2008 por delitos de violencia intrafamiliar, 95 correspondieron a internamientos y 215 fueron de régimen abierto, tanto libertades vigiladas como convivencias con otra persona, familia o grupo educativo. Además, ese año se llevaron a cabo 37 reparaciones extrajudiciales relacionadas con el maltrato familiar.
Tal y como recordó Carmen Balfagón, directora gerente de la ARRMI, el perfil de los menores que maltratan a sus familias es muy distinto del que presenta el resto de los jóvenes infractores. Se trata de adolescentes que pertenecen a familias de todos los niveles socioeconómicos; el porcentaje de los que proceden de familias acomodadas es significativamente más alto que el del resto de los menores infractores. Tampoco suelen ser jóvenes con un alto índice de fracaso escolar, aunque sí suelen bajar su rendimiento académico cuando el problema se agrava.
Dos centros especializados
El Centro Educativo Luis Amigó forma parte desde hace año y medio de la red de recursos de la ARRMI. Su actividad se enmarca dentro de un programa pionero para los menores que han maltratado a sus familias, y que, según destacó el consejero, Francisco Granados, durante su
visita al centro, ha conseguido reducir la reincidencia de estos menores de un 30 por ciento a solo un 1 por ciento en tiempo récord.
Aquí llegan algunos con medidas cautelares y otros en régimen de libertad vigilada, procedentes de un centro de internamiento, o en régimen abierto. Para aquellos que han cometido hechos más graves —episodios de violencia en sus hogares— que se castigan con una medida de internamiento, la ARRMI cuenta con el centro El Laurel, gestionado por Fundación Grupo Norte.
Cuando la ARRMI puso en marcha este programa hace cuatro años, estos delitos arrojaban un índice de reincidencia del 30 por ciento. En la actualidad, se ha conseguido reducir esta cifra a un 1 por ciento.