El "desastre anunciado" de la Ley de Dependencia

Por una vez, la delegada de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento, Concepción Dancausa, y el portavoz socialista en la comisión del área, Pedro Zerolo, estuvieron de acuerdo: la Ley de Dependencia en Madrid era un "desastre anunciado". Así lo indicaron ambos en el Pleno municipal de noviembre, si bien difirieron en las razones de esa conclusión. Mientras que Dancausa apuntaba al Gobierno central, Zerolo cargaba las tintas contra la Comunidad y el Ayuntamiento.

Y mientras los políticos seguían discutiendo, por tercer año consecutivo, los pormenores de la dependencia, los madrileños seguían sin percibir de forma real ni una sola ayuda al amparo de esta ley. En diciembre, el balance seguía situando nuestra región en el puesto de cola nacional en cuanto a solicitudes de reconocimiento de dependencia, en cuanto a dictámenes y en cuanto a prestaciones reconocidas, que, además, siguen sin hacerse realidad porque, aunque tengan todo en regla, no han recibido todavía la ayuda especificada.

Nueva ordenanza
En junio, el Ayuntamiento de Madrid aprobó una ordenanza que determinaba que los servicios municipales -como ayuda a domicilio, centros de día o residencias- quedaban reservados para aquellas personas que no estuvieran atendidas a través de la Ley de Dependencia, pues de estas últimas ya se tenía que ocupar la Comunidad. Para ello, cualquier persona que solicitara estos servicios debía pasar antes por la evaluación de su grado de dependencia.

La nueva norma desató las iras de la oposición, pero sobre todo sirvió para poner de manifiesto los problemas competenciales que ocasionan, en parte, la lentitud de la aplicación de la ley. También los presupuestarios, pues Madrid sigue reclamando más dinero al Estado, que a su vez acusa a la Comunidad de no cumplir con su parte del copago.

Entretanto, los dependientes siguieron esperando. En julio ya habían muerto varios miles de madrileños sin ver materializados los derechos que les reconocía la ley. La Comunidad seguía reclamando más dinero al Estado para hacer frente a los servicios que debe prestar, mientras los dependientes continuaban sin recibir prestación alguna.

En noviembre llegó un hilo de esperanza para ellos, pues el recurso interpuesto por algunas asociaciones -que denunciaban la instauración del silencio administrativo negativo mediante una orden regional, es decir, que si pasaba el plazo establecido sin que un dependiente recibiera su valoración, se daba automáticamente por desestimada- fue admitido a trámite. Sin embargo, la Comunidad reaccionó elevando ese aspecto a la categoría de ley, por lo que las pretensiones de los dependientes cayeron en saco roto.