El pasado martes 5 de septiembre, se comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que Saudi Telecom Company (STC Group, perteneciente al fondo soberano Arabia Saudí PIF) había adquirido, a través de Morgan Stanley, un 9,9% de las acciones de Telefónica. La operación está desglosada en un 4,9% mediante acciones y un 5% mediante derivados (que le permiten comprar a plazo -y a un precio prefijado- acciones de Telefónica por este porcentaje en el caso de que el Gobierno dé la autorización).
STC fue comprando pequeños paquetes de valores para mantener la operación oculta, aprovechando la condición de creador de mercado de Morgan Stanley, que le permitió adquirir una participación significativa rebasando el 3% del capital social de una sociedad cotizada sin comunicarlo a la CNMV. Sin embargo, al adquirir más del 5% (al incluirse los derivados, que pueden permitir llegar al 9,9%) tuvo que comunicarlo a la Comisión.
La operación se ha hecho de esta manera porque el “escudo antiopas” (prorrogado y modificado antes de las elecciones en el R.D. 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores) hace obligatoria una autorización previa cuando se va superar el 10% del accionariado de una empresa estratégica; pero, si la empresa es además proveedora para la Defensa Nacional, el umbral baja al 5%, como es el caso de Telefónica. Por tanto, STC está en posesión del 4,9% de las acciones de Telefónica, y se encuentra pendiente de la autorización del gobierno que le permita ejercitar el derivado con el que alcanzaría el 9,9%.
Teniendo en cuenta lo atomizado que está el accionariado de telefónica, donde el núcleo más consistente de accionistas hasta entonces estaba liderado por BBVA (con un 4,8%), BlackRock (4,4%) y Caixabank (3,5%), el grupo saudí STC se convierte en el mayor accionista individual de la Compañía (aunque sólo se quedase con el 4,9% que no requiere autorización)
Efectivamente, el accionariado de Telefónica está notablemente disgregado. Tanto es así, que los tres mayores accionistas individuales no constituyen un núcleo duro, sino que consideran sus participaciones sólo como inversión financiera. Con la entrada de STC, aparece un nuevo accionista que ha manifestado que "no tiene la intención de adquirir el control o una participación mayoritaria en Telefónica". Sin embargo, este grupo saudí tiene la política de ser parte activa en la gestión de las empresas que participa y, si ejercita el derivado, tendría derecho a asiento en el consejo de administración.
La operación sorprendió a los directivos de la propia empresa, haciendo que el presidente de Telefónica viajase inmediatamente a Arabia Saudí para recabar información sobre la operación y las intenciones de STC.
Los miembros del Gobierno, por su parte, manifestaban su sorpresa ante la operación, a la vez que la celebraban. Así, el ministro José Luis Escrivá se mostraba exultante con el hecho de que un fondo soberano como el de Arabia Saudí apostase por España y las empresas españolas, y a la vez afirmaba que "no debería sorprender que las operaciones de mercado se hagan de forma discreta porque es como operan los inversores institucionales normalmente".
Asimismo, la vicepresidenta económica Nadia Calviño, reconociendo no haber estado al tanto hasta el último momento, subrayaba que la operación tenía carácter amistoso y carecía de intenciones de toma de control y, a la vez, añadía lacónicamente “protegeremos los intereses estratégicos de España”. No obstante, la vicepresidenta Yolanda Díaz y los dirigentes de Sumar se han mostrado beligerantes en contra de la operación.
El presidente Sánchez, por su parte, señaló posteriormente que el gobierno está centrado en "que en todo momento esté a salvo la defensa y la seguridad nacional".
Lo de siempre: el gobierno dice que no se enteró hasta el último momento o, por lo menos, nada hizo para evitarlo, sino más bien favorecerlo; ya que les alegra tanto. La operación parece un traje a medida del decreto antiopas o, tal vez, sea lo contrario.
Para evaluar una operación de este tipo, podemos contemplarla desde tres aspectos fundamentales: el económico, el simbólico y el estratégico.
Desde el ámbito estrictamente económico, la compra de las acciones se guía por los criterios del mercado. A nivel de nación, la salida al mercado de una empresa pública -como era Telefónica- se rige, en términos generales, en función del precio. Si el precio al que se vendió en su momento la compañía es superior a la rentabilidad futura actualizada (estimación del flujo futuro de dividendos actualizado más el precio futuro de venta), se supone que la venta fue buena para el país; si el precio es inferior, fue una mala venta. En este ámbito, no hay “joyas de la corona”, y lo que se busca es el beneficio para las arcas del Estado. Lo que hay ahora es una reventa de acciones en el mercado, donde hay un accionista que ha adquirido una participación que le puede permitir una representación y control importantes, de múltiples maneras.
Desde el ámbito simbólico, hay que valorar la importancia que tiene para el país la españolidad de Telefónica. Hay que tener en cuenta, que muchas de las grandes empresas españolas están en manos de fondos, y muchos de ellos soberanos -incluso también de países árabes-. Telefónica, muy participada tradicionalmente en su accionariado por la población española (las acciones eran las famosas “matildes”, en los anuncios protagonizados por el célebre José Luis López Vázquez), llegó hace décadas a ser la cuarta parte del mercado bursátil español, y era un monopolio con presencia en casi todos los hogares y empresas. Creo que a nadie, en su fuero interno, le ha gustado la noticia. Habría que evaluar la excepcionalidad de Telefónica para imponer su españolidad, cosa que no tiene cabida en el mercado tal y como se ha establecido. Recordemos que ya se hizo desaparecer la “acción de oro” (con la que los gobiernos seguían controlando la compañía) al no tener encaje en la legislación europea.
En el aspecto estratégico es donde aparecen más puntos oscuros. Como es casi preceptivo, en los orígenes de la economía podemos citar a Adam Smith y su obra “La riqueza de las Naciones” (1776), donde se enuncia: “La primera obligación del Soberano, que es la de proteger a la sociedad de la invasión y violencia de otras sociedades independientes, no puede desempeñarse por otro medio que el de la fuerza militar”. Se hace, por tanto, imperativo defender la nación; por encima de otras consideraciones, como la economía y los mercados.
En este caso, estaríamos en el ámbito de los sectores estratégicos, que son los que tienen una importancia vital para la economía de una nación y que, de resultar perjudicados, podrían afectar a las condiciones y estilo de vida de los ciudadanos.
Estos sectores estratégicos han tendido a estar muy controlados por los estados que, en muchos casos los intervienen e incluso los explotan en régimen de monopolio. Este era el caso de Telefónica, aunque posteriormente el sector se privatizó y dio paso a la competencia, cosa que, por otro lado, redundó positivamente en nuestra factura de teléfono.
Sin embargo, no sólo estamos hablando de una compañía de telecomunicaciones, sino que hay contratos importantes relacionados con la Defensa Nacional. Sin ánimo de exhaustividad, Telefónica de España tiene adjudicados contratos de infraestructuras y redes de telecomunicaciones para la Defensa; servicios e infraestructuras de datos, telefonía y localización; un “Centro de desarrollo, adiestramiento y pruebas para operaciones militares en ciberdefensa con tecnología 5G” o la red de telecomunicaciones vía satélite de la infraestructura integral de información que será gestionada por el Ministerio de Defensa. Podríamos decir que Telefónica es una empresa crítica sobre la que descansa, como poco, la red de telecomunicaciones del ejército español.
La tecnología que Telefónica ha destinado a Defensa tiene que estar controlada en función de las necesidades estratégicas de España. Bien es verdad que España tiene importantes contratos de venta de armamento a Arabia Saudí, pero la tecnología transferida en esos contratos está limitada en función de lo que determinen las autoridades, y no crea más compromisos. Otra cosa distinta es que la tecnología de telecomunicaciones del ejército español pueda filtrarse a otro país, más allá de la que las autoridades españolas determinen que se pueda transferir.
Saudi Telecom Company -STC- pertenece al fondo soberano Arabia Saudí PIF, que está controlado por la familia real saudí. Arabia Saudí es una dictadura teocrática; tradicional aliada de los EE.UU., aunque hubo un distanciamiento a raíz de que los EE.UU. -con el respaldo de un informe de la CIA- vinculasen al príncipe heredero y primer ministro, Mohamed Bin Salmán, con el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Esto hizo que el príncipe reorientase su política buscando respaldo tecnológico en China y negociando su política de precios del petróleo con Rusia. No obstante, Estados Unidos y Francia últimamente han reducido este distanciamiento, “blanqueando” la figura del príncipe. No parece edificante que Telefónica esté en manos de STC.
Ciertamente, STC debe comprometerse a no utilizar, ejercer ni ceder a terceros sus derechos de voto, ni a formar parte de cualesquiera órganos de administración de la sociedad cotizada. De cualquier modo, no despierta confianza la postura -aún no declarada- de STC a este respecto.
En el gobierno tienen tres meses para dar la autorización que permita ejercitar el derivado y posibilitar que STC adquiera el 5% restante. La garantía de la defensa y la seguridad nacional están en manos de la empresa que no se dio cuenta de la operación hasta el último momento y, sobre todo, del gobierno, que parece que se vio sorprendido por la operación y que ya tuvo una filtración de seguridad, como es el caso del espionaje con el sistema Pegasus por parte de Marruecos (con las consecuencias que sólo podemos suponer). Si la Defensa Nacional queda desprotegida, alguien tendría que pagar, no sólo cobrar.
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