El edificio situado en el número 26 de la calle Francisco Largo Caballero es propiedad de una empresa privada que quebró una vez que construyó estas viviendas en el suelo que le cedió el Ayuntamiento de Alcobendas. Desde 2013, está okupado de forma ilegal por 60 familias de gitanos y búlgaros a los que el Consistorio del municipio ha comenzado a conceder ayudas.
