El Gobierno español deberá devolver como mínimo a los agricultores y
ganaderos más de 35,6 millones de euros por el cobro ilegal del
denominado 'céntimo sanitario', según se desprende de los cálculos
realizados por los servicios técnicos de la Coordinadora de
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) sobre la base de los
datos de consumo de gasóleo agrícola documentados por la Agencia
Tributaria durante los años 2009, 2010, 2011 y 2012.
