La próxima visita del Papa León XIV a Madrid viene aparejada a polémicas de muy diverso pelaje. O, al menos, a cuestiones que despiertan importantes suspicacias entre los vecinos de la capital. También, claro, entre las principales fuerzas de la oposición a José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso, que no han dudado en criticar ya los preparativos puestos en marcha por Cibeles y Sol, llegando incluso a tildar la planificación de "caos".
El aspecto que más preocupa y que más debate ha suscitado hasta la fecha no es otro que las molestias vinculadas al plan de movilidad desarrollado tanto por el Ayuntamiento de Madrid como por la Comunidad. El primero, responsable en materia de corte de calles y regulación del tráfico, así como de la circulación de los autobuses urbanos. La segunda, por su parte, competente en cuanto a la adecuación de las frecuencias de paso en Metro, el consiguiente cierre de estaciones con el objetivo de prevenir en la medida de lo posible aglomeraciones en distintos eventos programados y la ruta de los buses interurbanos.
Los recelos se ciernen también sobre lo relativo a la seguridad, otra de las prioridades en un evento de semejante calado. Y es que, pese a la cifra récord de agentes que serán finalmente desplegados el próximo fin de semana, más de 14.000 sumando Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Municipal, sindicatos del gremio cuestionan la capacidad real del operativo. Sobre todo para garantizar que los actos multitudinarios previstos, con hasta un millón de asistentes en cada uno de ellos según las estimaciones de los mismos organizadores, puedan desarrollarse finalmente con normalidad, sin incidentes.
Más allá de la oferta privada, de la mano de hoteles, hostales y pisos turísticos, la gran afluencia de peregrinos que espera recibir la capital ha obligado al Gobierno regional a tomar cartas en el asunto y poner a disposición otras alternativas de alojamiento. La fundamental, la apertura de las instalaciones en colegios e institutos públicos, tales como patios y gimnasios, a fin de que los visitantes puedan pernoctar de manera gratuita.
Una iniciativa, sin embargo, que no ha sido acogida de buen grado por toda la comunidad educativa. Para muestra, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Madrid (STEM), partidario de desligar por completo la Educación pública del ámbito religioso y, por ende, contrario a la habilitación de tales recursos para responder a las necesidades logísticas derivadas de la visita oficial del Santo Padre.
"Es la Iglesia Católica la que tiene que garantizar el alojamiento de quienes quieran acudir a la visita del Papa"
"Somos un sindicato comprometido con un proyecto educativo laico, como parte de los STEs formamos parte activa de la Campaña por una Escuela Pública y Laica y rechazamos que se pongan las instituciones públicas al servicio de una confesión religiosa concreta, en este caso la Iglesia Católica. Es esta organización quien tiene que garantizar el alojamiento de quienes quieran acudir a la visita del Papa, organización que, por otra parte, ya se beneficia de múltiples privilegios por parte del Estado en sus diferentes niveles administrativos" argumentan en un comunicado remitido a Madridiario.
Rechazo mediado además, aseguran desde el mismo sindicato, por las grandes dificultades que entraña convencer a la misma Administración para la cesión de estos espacios cuando se trata de la celebración de otro tipo de actividades: "Creemos que los centros educativos deberían abrirse a los barrios y pueblos en los que se asientan, permitiendo su uso más allá del periodo lectivo, pero desde la gestión directa y con recursos humanos y materiales suficientes. Cuando se trata de abrir los centros educativos para actividades de carácter popular, los obstáculos burocráticos y de personal son esgrimidos para no ser utilizados. Obstáculos que parecen desaparecer en este caso por voluntad del Gobierno regional y de varios ayuntamientos, entre ellos el de la capital".
Las "dudas" expuesta por STEM se ligan asimismo al apartado "formal", normativo y, más concretamente, a la "responsabilidad civil". "¿De quién es la responsabilidad por el uso de estos centros educativos? ¿Qué trabajadores desempeñarán sus funciones en los mismos? ¿Cómo se organizará el servicio? ¿Han sido informados los representantes legales de las plantillas de las posibles modificaciones de las jornadas de trabajo de personal no docente?", se preguntan.
"¿Qué trabajadores desempeñarán sus funciones en los centros? ¿Cómo se organizará el servicio?"
Cuestionadas por estos y otros aspectos, tales como la vigilancia o la limpieza de las instalaciones a fin de que las clases puedan retomarse con "normalidad" el lunes 8 de junio, fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades insisten en conversaciones con este digital en que la presencia de fieles "no afectará a la actividad lectiva de los centros". Primero porque "la utilización de estos espacios se limitará desde la tarde del viernes 5 de junio hasta las 22:00 horas del domingo". Y, además, pues será el Arzobispado de Madrid quien asuma las cuestiones logísticas, incluyendo control de accesos, mantenimiento y adecuación de las instalaciones tras la marcha de los peregrinos. Por ende, se deduce, cero gasto público.
Fuera como fuese, las justificaciones de la Comunidad no convencen en el seno de STEM, entidad partidaria de que sea la Iglesia quien se responsabilice de la acogida de los visitantes en inmuebles de su propiedad. "El privilegio de no pagar un alojamiento como el resto de turistas no tiene por qué facilitárselo la Administración mediante la cesión de espacios que son de todos, más aún habiendo multitud de edificios escolares o de culto que gestiona la propia iglesia católica. Exigimos que se dé marcha atrás y manifestamos nuestro compromiso total con una escuela laica", sentencian en su misiva.
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