Las reacciones ante la muerte de un joven de 24 años el pasado año después de que no fuera asistido adecuadamente de la asfixia que estaba sufriendo continúan después de que los hechos se conocieran este jueves.
Este viernes, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha señalado este viernes que los protocolos de actuación del SUMMA 112 se enmarcan en el Sistema Nacional de Salud y se elaboran con sociedades científicas y médicos de todas las comunidades autónomas.
Ruiz Escudero ha ofrecido este viernes varias entrevistas después de que los padres de un joven de 23 años fallecido en enero de 2018 por asfixia tras sufrir un tromboembolismo pulmonar acusaran públicamente al SUMMA 112 de no activar el protocolo adecuado, al no haber enviado una UVI móvil desde la primera llamada, y de falta de humanidad.
El consejero ha destacado que "los recursos se activaron", y ha recordado que primero llegó una ambulancia y después una UVI móvil. En la primera llamada al 112, la madre de Aitor le dice al médico que el chico no puede respirar y que ha sufrido un desvanecimiento. El médico pide hablar con el joven y la madre le responde que no puede hablar e insiste en que dice se está ahogando.
Ante la insistencia del facultativo, la madre pasa el teléfono al chico, que con dificultad le dice al médico que se está ahogando. Sin embargo, el médico concluye que "respira perfectamente" y que "parece que está más bien tocado de algo", y le dice a la madre que "irá un médico a verlo".
A los pocos minutos de esa llamada, que se produjo a las 11.56 horas del domingo 13 de agosto, el joven murió, según relató la madre en rueda de prensa. En la segunda llamada, el padre le dice al médico que Aitor ha perdido el conocimiento y no respira, y el médico le da instrucciones para iniciar el masaje cardiaco mientras llegan los sanitarios.
La familia ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial al SUMMA por lo sucedido en la piden una indemnización de 175.045 euros, aunque el abogado de la Asociación el Defensor del Paciente Carlos Sardinero ha señalado que no quieren dinero sino que "se valore con justicia la realidad de los hechos".
El consejero ha señalado que la reclamación de responsabilidad patrimonial se encuentra en "trámite de audicencia", bajo la Inspección Médica, "que es un cuerpo independiente que valora las actuaciones".
Asimismo, ha destacado que con 80 millones de actos médicos que se producen en la sanidad madrileña, las reclamaciones patrimoniales se situaron en 779, según datos del año pasado, para agregar que "la litigiosidad no es de las más elevadas que hay en España".
En cualquier caso, ha aclarado que los protocolos "se determinan a nivel del Sistema Nacional de Salud, son protocolos que se elaboran con sociedades científicas, con medicos de todas las comunidades autónomas y se elaboran fruto de la práctica diaria de los profesionales".
El consejero ha reconocido respecto a los centros coordinadores de emergencias que "su principal misión es luchar contra el tiempo", y sobre el médico que atendió a los padres de Aitor que "la empatía desde luego que podría haber sido de otra manera".
En este sentido, ha indicado que el SUMMA 112 cuenta con un plan de formación específico en el que hay una parte de "humanización", en la que se trabajan las "habilidades", al tiempo que ha recalcado que "es el servicio más valorado por los madrileños".
Ruiz Escudero ha reiterado de que la Inspección Médica está analizando cómo ha sido la actuación con la "distancia" y "frialdad que requiere", y ha admitido que "hablar de protocolos cuando ya hay una persona que ha fallecido es durísimo".
El consejero ha manifestado su compromiso de "tratar de aclarar al máximo lo sucedido" y ha agregado que no tendría "ningún incoveniente en revisar" los protocolos.
En cuanto a las grabaciones de las llamadas, que el SUMMA ha tardado año y medio en facilitar y no están íntegras, Ruiz Escudero ha dicho que "por supuesto que hay que actuar con total transparencia". "Si se tiene el audio en su totalidad hay que aportarlo en su totalidad, no hay por qué demorarlo más", ha apostillado.
Por su parte, la madre, Carmen Ruiz, en una entrevista en Antena 3, ha insistido en que lo que quiere es que la persona que les atendió "no vuelva a ejercer el resto de su vida". "En el primer momento me tenía que haber mandado una UVI móvil", ha destacado.
El abogado, que ha acompañado al padre, Bartolomé García, en una entrevista en Telecinco, ha recalcado que "el protocolo es una guía de actuación que no es de obligado cumplimiento, a veces están obsoletos, a veces hay que romper el protocolo para adecuar tu conducta a la lex artis", y que "si lo único que dice es que si una persona que es capaz de hablar respira, ese protocolo está mal".
A este respecto, ha destacado que el médico no pregunta a la madre si ve aleteo nasal o por el movimiento del tórax. Asimismo, reitera que "aquí ha habido una falta de humanidad total".
El padre ha detallado que unos días antes, la noche del 23 al 24 de diciembre, acudió a Urgencias con su hijo por un dolor en un costado, y ha criticado que no le hicieran un electro y determinaran que era un "dolor mecánico", por lo que le recetaron nolotil y relajante muscular.
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