Miembros del PP, Vox y Más Madrid han exigido explicaciones al alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa (PSOE), por las adjudicaciones supuestamente fraudulentas otorgadasen los últimos meses a empresas de la directora del Instituto de las Mujeres.
Isabel García Sánchez y su pareja, Elisabeth García, recibieron al menos 64 contratos para gestionar los llamados Puntos Violeta procedentes de distintos ayuntamientos gobernados por el PSOE, algunos de ellos en la Comunidad de Madrid. Tal y como adelantó esta semana el periódico El Español, las empresas de la directora del Instituto y su pareja (Elig Consultoría de Igualdad y Diversidad e IMBER Consultoría de Igualdad) facturaron más de 250.000 euros por presuntas adjudicaciones a dedo desde mediados de 2022 para organizar actividades relacionadas con la igualdad y el feminismo.
Dos adjudicaciones sospechosas en San Fernando de Henares
Según la información del citado medio digital, Isabel García Sánchez supuestamente habría amañado dos concursos de 23.000 euros en total en San Fernando de Henares, localidad en la que la Concejalía de Igualdad está liderada por Silvia Baubent, exdirectora del Instituto de las Mujeres durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez. Las sociedades que ambas mujeres utilizaban no tienen trabajadores dados de alta (una de ellas ni siquiera tiene página web) y funcionan generalmente a través de voluntarios.
El proceso que siguieron Isabel García y su pareja para conseguir estos contratos fue presentar tres empresas al concurso público. Dos de ellas, las gestionadas por la directora del Instituto y su compañera, y una tercera sin actividad cuyo correo de contacto pertenece a la propia Isabel García. Más tarde se ha sabido que esta tercera empresa (Afianza Global Service) pertenece a María Tato, directiva de la Real Federación Española de Fútbol. Tato, amiga de Isabel y Elizabeth, asegura que nunca dio su permiso para presentar su empresa a estos concursos y denuncia que la directora del Instituto de las Mujeres “usurpó la identidad de la empresa”.
El primero de los dos contratos que Isabel y Elizabeth García obtuvieron en el municipio de San Fernando fue en marzo de 2024 (con un importe de 5.050 euros y el objeto de “materiales divulgativos publicitarios para la campaña de las jornadas del 8-M”) y el segundo, dos meses después. En este caso la cifra ascendió hasta los 18.041 euros para la “organización de los Puntos Violeta en las fiestas patronales de San Fernando de Henares”, tal y como se muestra en los documentos publicados por El Español.
Las reacciones de los políticos madrileños
El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha pedido explicaciones al alcalde de San Fernando de Henares por estas adjudicaciones, mientras que el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha defendido que el regidor ha sido transparente. Pache se ha preguntado si estos contratos se otorgaron “por presiones de alguna entidad” en lugar de hacerlo siguiendo los criterios establecidos, y ha añadido que si Isabel García no es capaz de explicar la legalidad de su ejercicio (como ella sostiene) debe “dejar el cargo inmediatamente”.
Cuando se conoció la noticia, la ministra de Igualdad, Ana Redondo –persona que designó a Isabel García el cargo– pidió “tiempo y humanidad” para que García diera las explicaciones pertinentes. En esta misma línea se ha movido Lobato al ser preguntado específicamente por la cuestión: “Me alegro de que algunos ayuntamientos, con absoluta transparencia, hayan abierto puertas y ventanas para que se conozca en detalle toda la documentación referente a estos casos".
Mucho más duros se han mostrado desde Más Madrid. La portavoz adjunta, María Pastor, ha dicho que ya debería haber dimitido y que no debería haber ocupado ese cargo desde un principio porque estaba "inhabilitada políticamente por sus posicionamientos y opiniones sobre las mujeres trans" vertidos en redes sociales en sus inicios al frente del organismo. Isabel García afirmó en X que “las mujeres trans no existen”.
Por su parte, el portavoz adjunto de Vox en la Asamblea, José Antonio Fúster, considera que este presunto caso demuestra que "hay quien quiere perpetuar una situación que parece de indefensión de las mujeres" para mantener el "negocio de un feminismo radical". Fúster también ha pedido la dimisión de Isabel García.
A las peticiones de dimisión se ha sumado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, durante una visita a Móstoles. García Martín ha explicado que “es lógico que el Partido Socialista, que el gobierno de Pedro Sánchez, no quiera motivar esa dimisión”, puesto que no ha habido ninguna consecuencia política con los casos que “comprometen” a la familia del presidente.
El consejero ha insistido en que "la dimisión tendría que ser automática", pero, “por desgracia”, se está ante "un Gobierno que en este momento no está pensando en los españoles, no está pensando en los servicios públicos, no está pensando en lo que necesita nuestro país, está pensando única y exclusivamente en cómo Pedro Sánchez puede mantener su empleo y puede mantenerse en la Moncloa".
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